Canarias puede estar de enhorabuena. Aunque el primero de enero se ha producido la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, al haber resultado imposible aprobar una nueva ley presupuestaria, la dotación del Archipiélago en materia de vivienda en 2017 era lo suficientemente buena para que este año, y mientras no se aprueben unos nuevos presupuestos, podamos atender las necesidades en materia de vivienda social que tienen los tinerfeños y todos los canarios. Para que esto sea realidad sólo hace falta que el resto de las administraciones se impliquen, léase Gobierno de Canarias, que debe hacer con diligencia su tarea, y Cabildos, que también pueden y deben aportar su granito de arena para que las partidas que religiosamente llegan a Canarias desde el Gobierno del Estado se gestionen adecuadamente y los beneficios lleguen a los ciudadanos.

En 2017, modelo que se repetirá este año al estar las cuentas estatales prorrogadas, Canarias fue la Comunidad Autónoma que más se benefició de los fondos estatales de vivienda, fondos que incluso superaron las cantidades pactadas en el Plan Estatal a través de diversos convenios específicos.

En cifras, la aportación estatal para Canarias en las diversas líneas en materia de vivienda será de 40 millones de euros, lo que supone la rehabilitación de 3.000 viviendas, 5 millones de euros en ayudas al alquiler, que beneficiarán a 3.000 familias; 350.000 euros para la subsidiación de préstamos anteriores y, entre otras medidas, la rebaja de entre 30 y 50 euros en la cuota de los préstamos de la vivienda protegida. Todo ello sin contar con las aportaciones estatales para actuaciones específicas en diversos barrios de nuestra geografía, como el de Las Chumberas.

Más allá de las cifras, cabe destacar que el principal objetivo del Plan Estatal de Viviendas es de carácter social, con ayudas a los sectores más desfavorecidos de la población a conseguir, mantener y dignificar la vivienda pública, especialmente en la modalidad de alquiler. Además se trata de un plan con una visión integradora y sostenible que fomenta la rehabilitación ligada a la mejora de la accesibilidad y con criterios de fomento de la eficiencia energética.

A mi juicio, tal vez el programa más importante es de las llamadas ARRUS (Áreas de Regeneración y Renovación Urbana) de nuestros barrios más obsoletos, una línea de financiación que asciende a casi 18 millones de euros.

A este respecto me gustaría recordar que, al comienzo de mi vida política como concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y responsable de esta materia en el Partido Popular (PP) de Canarias, me frustraba muchísimo la desidia que demostraban los partidos políticos gobernantes con la extrema necesidad de rehabilitación que mostraban las barriadas de la capital. Y les puedo asegurar que, desde mi posición, libré una ardua batalla para que esto cambiara.

Porque, aunque el Gobierno de Canarias firmaba los convenios con el Estado para la rehabilitación de estos asentamientos obsoletos, lo cierto es que al final no ponía su parte, la inmensa mayoría de las obras no se ejecutaban y los barrios de Santa Cruz de Tenerife, como La Salud, Ofra o La Candelaria, se continuaban cayendo a pedazos. De hecho, quedaron pendientes de justificación frente al Estado 72 millones de euros de aquellos convenios, una cifra vergonzosa si tenemos en cuenta la cantidad de personas vulnerables que con este dinero podrían haber visto aliviadas sus carencias.

Afortunadamente a día de hoy, aunque despacio y con mucho retraso, los partidos gobernantes en Canarias, CC y PSOE mayoritariamente, han entendido que es fundamental rehabilitar nuestros barrios y fomentar el mercado del alquiler ayudando a las personas vulnerables, para lo que es imprescindible poner la voluntad política necesaria para activar este tipo de programas, para los que paradójicamente tienen la exclusiva competencia, aunque siempre han contado con ayudas estatales.

Incluso el Cabildo de Tenerife ha querido sumarse a esta labor colaborando con Cáritas y los ayuntamientos con pequeñas aportaciones, que en 2018 alcanzan la cifra de 1,7 millones de euros a repartir entre los 31 municipios de la isla. Aunque de agradecer, no es mucho, sobre todo si lo comparamos con los 35 millones de euros que el Gobierno de Mariano Rajoy aporta para estas actuaciones en el conjunto de Canarias.

Concretamente para nuestra provincia, el PP ha reiterado en estos presupuestos sus compromisos con los siguientes barrios: Antón Guanche, en Candelaria; El Cardonal, La Verdellada, Princesa Yballa, Urbanización Benahoare, en La Laguna; García Escámez, Barrio de la Salud, Barrio de la Victoria y Santa María del Mar, en Santa Cruz.

Considero que es innegable el compromiso del Partido Popular con la vivienda en Canarias. Los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que espero que se aprueben pronto porque confío en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, alumbrarán un nuevo Plan de Vivienda que, sin perder el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos, mantendrá el objetivo principal y transversal del Gobierno del Estado, que es la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Nuestro deseo, aunque pueda resultar extraño al profano, es que cada vez tengamos que hacer menos viviendas sociales. Porque eso será así cuando las condiciones de vida de los ciudadanos hayan mejorado tanto que no necesiten este tipo de ayudas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Creando más empleo, porque desde el PP, al tiempo que seguimos implementando medidas para dar respuesta a las necesidades de las personas vulnerables, jamás nos cansaremos de repetir que la mejor política social es la creación de empleo.

*Diputada del PP y portavoz de Vivienda en el Congreso