Que la salud es el bien más cotizado del que queremos disfrutar todos los ciudadanos nadie lo duda, máxime cuando se pierde, cuando entonces, conscientes de la extrema debilidad y fragilidad del cuerpo humano, recurrimos a los mayores esfuerzos en búsqueda de mejoría y curación. Siendo así, sin embargo, la realidad choca con que los presupuestos dedicados a la Sanidad no se corresponden con el servicio más fundamental que debería atenderse con total prioridad desde los poderes y administraciones públicas, porque, nunca mejor dicho, nos va en ello la vida. Y de hecho, resulta lamentable que haya sido la Sanidad uno de los sectores más castigados por la crisis económica sufrida por España en los últimos años. Lamentablemente, sigue siéndolo, por lo que resulta vital volver a apostar por ella y compensar los efectos negativos de los recortes realizados, con el claro objetivo de recurrir a medidas razonables y bien gestionadas para que el Sistema Nacional de Salud sea público, universal y de calidad, y ahí entra de lleno el Ministerio de Sanidad y el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, dependiente este del Parlamento de Canarias, al que se debe como máximo representante de los canarios.

No cabe otra opción como respuesta a los presupuestos generales del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma para el año 2018, a los que el Gobierno del PP va a dedicar en Sanidad por primera vez desde hace más de una década menos del 6% del Producto Interior Bruto, una cantidad que en el PSOE creemos que el PP tiene previsto disminuir aún más en los próximos años, lo que se traduce en una clarísima financiación a la baja de la Sanidad, con las consecuencias tan funestas que esta decisión conlleva para todos en general, pero con peores efectos en los sectores de población menos protegidos.

Para ello urge recuperar la universalidad de la atención sanitaria, suspendiendo las limitaciones establecidas por el PP en el Real Decreto Ley 16/2012, paradójicamente llamado "de medidas urgentes" para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cuando es la población inmigrante la principal afectada por la reforma, al retirar el PP el derecho a una tarjeta sanitaria a 800.000 inmigrantes y acabando con el acceso universal a la Sanidad, desarrollando la introducción de las figuras de asegurados y beneficiarios frente a las de pacientes y ciudadanos, excluyendo del Sistema Nacional de Salud por primera vez a un grupo muy vulnerable, las personas inmigrantes en situación irregular, y generando, además, un problema añadido en otro grupo de población muy débil, que en todo caso debe estar protegido, como son los residentes legales y la infancia, todo un retroceso en la política sanitaria española por la que tanto hemos luchado en nuestra joven democracia.

Desafortunadamente, si bien el derecho a la salud aparece recogido en la Constitución española en el artículo 431, sin embargo está encuadrado en los derechos sociales y económicos, por lo que al no tratarse de un derecho fundamental, resulta escaso su grado de protección por parte de la Justicia, y su quebrantamiento o desconocimiento no permite el acceso al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Asimismo, ese derecho se protege con carácter general en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España, y en otros tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño o la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución de cinco recursos de inconstitucionalidad planteados por otras tantas comunidades autónomas.

En el PSOE consideramos prioritario suprimir los copagos sanitarios, recuperar en los PGE 2018 un Fondo de Cohesión Sanitaria dotado con 87,2 millones, desarrollar el Fondo de Garantía Asistencial para asegurar la compensación entre territorios por la asistencia que prestan a ciudadanos de otras comunidades, potenciar los Centros de Referencia, acordar un plan para reforzar la Atención Primaria y las Urgencias, así como asegurar el acceso de la población reclusa a tratamientos como el de la hepatitis C, medidas urgentes que deben aplicarse de forma inmediata en el 2018.

*Secretario de Sanidad, Salud y Consumo en la Dirección Regional del PSOE en Canarias

@JVGBethencourt

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