Margarita tiene 75 años y vive en el barrio de El Toscal. No entiende de política, solo de hechos y de realidades. Es la sustentadora económica de cuatro hijos, que volvieron a su hogar familiar cuando la crisis y los bancos los engañaron. Ahora, su ajustada pensión la convierte en premio Nobel de las finanzas. Además ejerce de abuela, regalando cuando puede alguna chuchería a sus nietos para consentirlos un poco, que en malas épocas nunca viene mal. Cuando mira a su prole recuerda las promesas de los que tocaron en su puerta pidiendo confianza y el voto para el partido, con el presente de un trabajo para sus hijos. Cierra los ojos y sigue haciendo el café. Ella no entiende nada. Margarita no quiere que sus coetáneas, las amigas de la casa de toda la vida, las de la ciudadela, sean algunas de las 40.647 personas dependientes que fallecieron en el año 2016 sin recibir la prestación que habían solicitado, porque quiere ver a sus compañeras con dignidad. Servando, el de la frutería, le comentó el otro día que Canarias era la tercera comunidad con menos plazas de residencia para mayores financiadas con fondos públicos en proporción a su población, pero ella no se lo cree; pensaba que era la primera. Patricia hace magia, vive en Taco y multiplica lo poco que tiene sin saber cómo. Tiene 45 años, un padre dependiente y dos hijos a su cargo, y sobrevive gracias a las ayudas de Cáritas y otras ONG del barrio que con su labor minimizan "los efectos colaterales de la crisis". Los servicios sociales del Ayuntamiento no dan abasto, y ella, en el silencio del desamparo institucional, se refleja en un dato que no aparece en las primeras noticias del Granma o El Universal de Venezuela: "Canarias es la comunidad a escala estatal donde existe un peor desarrollo de los servicios sociales, solo por detrás de Valencia". Además, su padre se encuentra entre los 11.712 canarios que tienen derecho a recibir una prestación y siguen esperándola. Victoria, 25 años, reside en un barrio de clase media-alta de Santa Cruz, y es una activista de los derechos de la mujer y una de las encargadas de romper el "techo de cristal". Vive en una sociedad, la canaria, donde la tasa de asesinatos machistas es de las más altas de país, fenómeno que desde la administraciones se combate con minutos de silencio y alguna campaña de concienciación. Ella pide atajarlo desde las leyes, más si cabe cuando los datos son cada vez peores y el número de denuncias por violencia machista presentadas en los juzgados de Canarias aumentaron un 9 % en el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016. A veces, su tierra la desilusiona. José, de La Laguna, cobra el salario mínimo y está incluido dentro del concepto de la pobreza salarial, la que tiene que decidir entre comer o pagar el alquiler. Es diplomado en Empresariales pero trabaja en un restaurante a media jornada, por decir algo, porque realmente "o trabaja 8 horas o entra otro"; es el resumen de los brotes verdes que ven los gurús de la economía. Margarita, Patricia, Victoria o José quieren ser los protagonistas de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma en un intento de convertir al Parlamento de Canarias en el verdadero vocero y hacedor de los problemas de su tierra. Ellos no pierden la esperanza, ¿y tú?
