El debate sobre el presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria para 2018 ha vuelto a sacar al presidente del Cabildo grancanario de su madriguera. Antonio Morales ha llamado a la rebelión a los diputados de su isla con el objetivo de que las cuentas elaboradas por el Gobierno de Fernando Clavijo no salgan adelante. El argumento, el mismo de siempre, que Gran Canaria aparece maltratada en el citado documento, pues en el reparto de las inversiones recibe una cuantía menor que Tenerife. A su juicio, y el de algunos miembros más del Ejecutivo insular, se trata de un agravio que la sociedad grancanaria no puede admitir. Es el mismo discurso que esgrimió cuando se planteó la distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Un discurso, por otra parte, bastante infantil y, sobre todo, insolidario. O yo encabezo la lista de beneficiarios o dejo de jugar y participar en la adjudicación de los fondos. Por supuesto, nada de analizar las necesidades que tiene cada una de las islas o de revisar los desembolsos que se han efectuado a lo largo de los últimos diez años, por ejemplo, pues podría salirle mal la jugada. Su propósito está muy claro, se trata de rapiñar con todo lo que pueda y el resto que se busque la vida. Una actitud muy egoísta e insularista, todo lo contrario a lo que ahora mismo precisa el Archipiélago para crecer y que todos los canarios mejoren su calidad de vida.

Pero si reprobable es el comportamiento de Antonio Morales, qué decir de la posición adoptada por su vicepresidente primero, Ángel Víctor Torres, quien en lugar de desmarcarse de este discurso insolidario se ha subido al carro de criticar el presupuesto de 2018 porque, en su opinión, Gran Canaria sale desfavorecida. El también secretario general de los socialistas canarios ha puesto por delante su cargo en la Corporación insular a su labor como líder regional del PSOE. Ahora está por ver si como presidente del grupo parlamentario solicitará a los diputados autonómicos de su partido que se opongan a las cuentas del próximo ejercicio porque inciden en el desequilibrio presupuestario hacia Gran Canaria. ¿Estará de acuerdo el portavoz adjunto, Gustavo Matos, con este argumento? Llegados a este punto, cabría también preguntarse si la reforma electoral que propugnan algunos y que incluye una lista regional no tendrá como objetivo final la supremacía de una isla sobre el resto.

El Gobierno central y el canario han logrado superar los obstáculos surgidos para suscribir un nuevo convenio de carreteras. La intervención del presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, ha sido clave tras el fracaso del consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, quien después de viajar a Madrid en varias ocasiones y vender en las Islas unos logros, resultó que todo se había quedado en agua de borrajas. Habrá que confiar en que esté más acertado a la hora de materializar el acuerdo y que, de una vez por todas, Tenerife vea resueltos los problemas que tiene en sus vías. Pero de verdad, no solo con anuncios de proyectos.