Hay días en que uno se levanta con la pata izquierda. Con la de Pedro Sánchez, por ejemplo. Y entonces se te ocurre algún ejemplo no demasiado afortunado. Es lo que debe haberle pasado a Jorge Marichal, el activo presidente de Ashotel, que para criticar el alquiler vacacional echó a las fieras un trozo de carne tóxica. Como que el autor del atentado de Manchester era un terrorista que vivía en una casa de alquiler vacacional, donde no hay control de pasaporte o de documento de identidad que se comunique a la policía.

Salman Ramadan Abedi, el terrorista de Manchester, era un joven de nacionalidad británica, hijo de una familia de origen libio asentada en Gran Bretaña y domiciliada en Elsmore Road, en el barrio de Fallowfield. O sea, residente en la ciudad inglesa. Los terroristas que vienen actuando en Europa son, desgraciadamente, ciudadanos integrados en las sociedades occidentales, de los que nadie sospecha su radicalización. No se trata de turistas que vienen de vacaciones y aprovechan el viaje para asesinar a la gente.

Pero es que el sector hotelero está de los nervios con el alquiler vacacional. Como el sector del taxi con los de Uber o Cabify. Como los propios medios de comunicación con las plataformas sociales. Son negocios tradicionales que se enfrentan a un nuevo fenómeno emergente que surge al calor de internet, ese mundo virtual que permite la relación directa y veloz entre demanda y oferta. Los hoteleros crean sesenta mil puestos de trabajo en Canarias y no es para tomarse a broma que su negocio esté en veremos. Pero la manera apocalíptica en que están afrontando la defensa de sus intereses no es la mejor.

Miles de familias canarias eligieron en su día la inversión en apartamentos como una manera de hacer negocio. El ladrillo se convirtió en una fórmula para destinar el dinero de los ahorros y hacerlos rentables. Que los dueños de una vivienda decidan alquilarla a uno o varios inquilinos, por uno o varios periodos de tiempo, debería estar amparado en el conjunto de los derechos y deberes (pagar sus impuestos) que tienen los propietarios, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Poner limitaciones, trabas y obstáculos a ese derecho, impedir que las familias canarias participen, a su nivel, del negocio turístico, es un disparate mayúsculo.

Si un propietario puede ganar tres mil euros al mes en vez de cuatrocientos, habría que ser muy tolete para no hacer negocio. Eso debería entenderlo perfectamente un empresario. Dicen que el alquiler turístico eleva el precio de las viviendas y las quita del mercado del alquiler para los trabajadores que necesitan alojamiento. Como si la responsabilidad de hacer viviendas sociales no fuera de las Administraciones públicas. O como si no existieran núcleos donde un turista no iría ni a punta de bayoneta.

Es obvio que habrá que poner normas para que las viviendas que se alquilen a turistas cumplan ciertos requisitos. Pero como en todo mercado, tendrán que ser reglas sensatas, no para cargarse, impedir o poner difícil el alquiler, sino para que los servicios se presten en las mejores condiciones y garantías para los usuarios.

La guerra contra el alquiler vacacional es una batalla perdida si lo que se pretende es expulsar del mercado a los particulares. La Administración pública, que hasta ahora se ha puesto del lado de los hoteleros, intentando proteger el sector tradicional, perderá las batallas judiciales que se libren en el terreno de limitar los derechos de propiedad. Internet ha venido para cambiar las cosas. Un ciudadano alemán puede reservar su apartamento vacacional sentado en el salón de su casa, delante del ordenador. Las agencias de viaje, que florecieron felizmente actuando como intermediarios, entraron en su ocaso cuando los viajeros tuvieron a su disposición la red de redes para reservar directamente sus billetes y su hotel. El mercado cambió y se mostró más eficiente permitiendo el contacto directo entre clientes y empresas. Las agencias que no se adaptaron o especializaron terminaron echando el cierre.

Lo mismo va a ocurrir en el fenómeno del alquiler vacacional. Hay clientes que seguirán eligiendo los hoteles por las ventajas y servicios que les dan. Y otros elegirán una vivienda particular por razones de precio. Los dos negocios coexistirán y se repartirán diferentes clientes. El mercado se adaptará a esa nueva circunstancia y no hay que dramatizar más de lo estrictamente necesario.

Y si un turista es en realidad un terrorista que viene de falsas vacaciones, será en las aduanas y en el control de viajeros donde tengan que saltar las alarmas. Decir que es en las recepciones de los hoteles donde se puede detectar a los delincuentes peligrosos es tomarnos un poco el pelo. Un poco más.