La Fiscalía de Las Palmas ha decidido archivar las diligencias informativas instruidas a Borja Casillas, por considerar que su actuación como "Drag Sethlas" en la gala para la elección de la "Drag Queen", celebrada en Las Palmas, el pasado día 27 de febrero, parodiando a la Virgen María y a Jesucristo crucificado no es merecedora de infracción penal al estar amparada en el derecho a la libertad de expresión. Derecho que, según el señor fiscal, permite la mofa y befa a personajes y símbolos sagrados venerados por los cristianos, admitiendo, pues, como legítima, la ofensa y provocación hechas a sus sentimientos religiosos.

Veamos. Aunque la gala de los "Drag Queen" es un espectáculo divertido y exitoso en los carnavales grancanarios, no por ello puede justificarse la representación de cualquier demostración irreverente contra los sentimientos religiosos de los cristianos, basándose en que la libertad de expresión es un derecho que permite y ampara cualquier actuación y porque en carnaval todo está permitido.

Pues no es así, quienes defienden esta postura están muy equivocados, ya que, cuando se transgreden abiertamente las creencias de una confesión religiosa -la que sea-, puede surgir la cuestión de hasta dónde se puede llegar sin que las personas que forman parte de ella se sientan ofendidas al ver que se conculcan sus derechos, porque una cosa es cuestionar, criticar o no estar de acuerdo con dogmas o doctrinas religiosas, y otra muy distinta es intentar vejarlas o mancillarlas gratuitamente, como ocurrió en el Parque de Santa Catalina, con gran publicidad, no solo por el numeroso público asistente, sino también por los innumerables espectadores que lo vieron por televisión.

En una sociedad democrática, lo que debería prevalecer es un equilibrio entre el respeto a las creencias religiosas de las personas y la libertad de expresión en que se amparan otras, pues una sociedad así estaría basada en la libertad y en la dignidad, de modo que no debería existir colisión entre ambos derechos.

Todo derecho entraña, a su vez, un deber. Sin embargo, a menudo, nos encontramos con gentes que atribuyen un omnímodo fuero a sus derechos sin considerar los derechos ajenos, convirtiéndose su forma de actuar en una intolerable patente de corso para transgredir a los demás.

Nadie tiene derecho a hacer uso de su libertad de expresión para vejar o mancillar a otros que no piensan o actúan como él. Ninguna ley, jurídica o moral podría justificar semejante forma de proceder. Entre el derecho a poder expresar sus ideas y el deber de respetar a los demás se halla la libertad. Quien elude los deberes pierde los derechos y no merece la libertad.

El derecho a la libertad de expresión también queda limitado y hasta excluido cuando se hace uso de expresiones, acciones, etc., que supongan una incitación al odio, injurias, calumnias, ofensas a los sentimientos religiosos, etc. En ese momento, la libertad de expresión deja de ser un derecho, pues no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad pueda estar autorizado para atropellar los derechos de otros miembros de la comunidad.

En conclusión, esta es mi opinión. Con ella no pretendo recortar en lo más mínimo el legítimo derecho al ejercicio de la libertad de expresión. Todo lo contrario, deseo proclamar mi firme convicción de que la libertad, en todas sus facetas, es condición indispensable en una auténtica concepción democrática. Ahora bien, con la misma firmeza quiero defender el inviolable derecho a la dignidad personal y al honor, repudiando, por ilegítimo, todo ataque a los más preciados e íntimos sentimientos que conforman la integridad moral de las personas.

Nadie tiene derecho a vejar los sentimientos religiosos de los creyentes. ¡Absolutamente nadie!