El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Colegio Oficial de Abogados de la provincia firmamos esta misma semana una adenda a un convenio ya vigente, con el objetivo de prestar asesoramiento a los vecinos para la reclamación sobre las cláusulas suelo hipotecarias. Se trata de ayudar a aquellas familias del municipio con menos recursos económicos en un proceso complejo desde el punto de vista jurídico-financiero, para el que se precisa orientación profesional especializada.

En síntesis, el acuerdo permitirá asesorar, por 100 euros, a personas con ingresos brutos de la unidad familiar que no superen en 3 veces el IPREM, que es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Si la resolución de la reclamación es finalmente negativa, el Ayuntamiento se haría cargo del coste de este servicio a través de Viviendas Municipales.

La iniciativa, que es pionera en Canarias, nos coloca de nuevo a la cabeza en la protección social de aquellos vecinos con mayores dificultades económicas, tal y como ya hicimos en su momento con el Protocolo Antidesahucios, luego imitado por otras administraciones públicas.

Esta nueva medida va más allá de una simple bonificación económica y entronca con la obligación que tienen las administraciones públicas de garantizar la igualdad. Porque la insuficiencia de medios económicos de una persona no puede limitar el ejercicio de sus derechos básicos en ningún caso, ni como ciudadano ni como consumidor. Y si se corre ese riesgo, la administración debe actuar para atacar la situación y evitar una doble discriminación.

En este caso concreto, el acceso a un asesoramiento profesional adecuado cobra máxima trascendencia porque hablamos de cuestiones relativas a la vivienda, de la que por cierto la Constitución Española recoge en su artículo 47 el derecho de todos a disfrutar de una "digna y adecuada".

Hemos dado así un paso más en nuestra política y compromiso con los vecinos, especialmente con aquellos que siguen padeciendo dificultades económicas. No debemos olvidar que, a pesar de las mejoras que se están produciendo a nivel local y global, aún hay muchas familias de nuestro municipio que lo pasan mal.

Y es precisamente ahora, cuando los vientos corren a favor, cuando debemos incrementar los esfuerzos para incorporar a todas esas personas al ciclo de bonanza económica y alejarlas de la exclusión social.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha tenido siempre claras sus prioridades y este mismo año hemos incrementado las partidas presupuestarias relacionadas con la protección social, de modo que estas puedan seguir actuando de estabilizadores para las familias más necesitadas, en tanto las cosas vuelvan completamente a la normalidad.

El reciente acuerdo con el Colegio de Abogados y el anterior Protocolo Antidesahucio van en la misma línea y certifican un compromiso político que nace de la convicción profunda del papel que debe jugar un Ayuntamiento como el nuestro a favor de la comunidad y de la defensa de los derechos de todos, especialmente de aquellos vecinos con menos posibilidades de defensa ante los poderosos.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife