A poco que se compilen y califiquen los hechos ocurridos en sus cuatro semanas, podremos hablar del febrero de la justicia. En el inventario de sus días nos topamos con marejadas gruesas en el ministerio fiscal, con críticas de intervenciones del gobierno sobre ceses y ascensos hechos a su medida, asaltos a domicilios y debates en la calle y el parlamento. Se suman las sentencias ajustadas y benévolas sobre afrentosos delitos como la primera fase del Gürtel, el falso recorrido del Instituto Nóos, los frescos beneficiarios de toda filiación de las tarjetas black; y, además, las sentencias pendientes, los juicios con fecha y las instrucciones en curso en varias autonomías.
En un ámbito, más complejo y ruidoso, los secesionistas catalanes -ahora es el turno de Frances Homs en el Tribunal Supremo- responden de su deriva y la arrogante desobediencia a las normas mientras se conocen, por las investigaciones policiales y las confesiones, cuatro décadas de corrupción que financiaron a la extinta Convergencia i Unió y enriquecieron a la familia del otrora honorable Jordi Pujol. El tres per cent -cuota de los adjudicatarios de obra pública de la Generalitat- que denunciara Pascual Maragall en 2005 no solo existió, y quizás aún tenga secuelas, sino que implica por declaraciones de empresarios implicados al mismísimo Artur Mas.
Para tapar la corrupción lisa y llana y la responsabilidad de quienes la idearon y practicaron, estos utilizan el legítimo deseo de independencia de una cuota de su población, porque todas las posiciones políticas caben en el estado de derecho, y se colocan en primera línea en marchas y desplantes, alientan el autismo y beligerancia dialécticos y repiten, como un mantra, una consigna sonora, soberbia e insostenible: "La democracia está por encima de las leyes". La frase de marras la inventó Carles Mundó, conseller de Justicia que, como todos los que la emplean en el parlamento, los tribunales y los medios, sabe que sin justicia no hay democracia. Mal febrero que, según el Barómetro de la Abogacía, sustenta la mala opinión de los españoles sobre la justicia, que, pese a ser "generalmente imparcial, es también ineficaz e ininteligible"; mal febrero para agravar la desafección de los asombrados y sufridos ciudadanos.