Muerto el burro, la cebada al rabo. Ahora todo son llantos y crujir de dientes, de la mayoría de la clase política. En muchos casos hipócritas lágrimas de cocodrilo sobre el fallecimiento de una persona a la que repudiaron socialmente hasta el momento de su muerte.

Sin sentencia sobre la causa, nos queda el sabor amargo de la acusación: acusación judicial, fiscal y social, en el sentido literal de la palabra, pues nunca fue acusada jurídicamente por el Ministerio Fiscal, para la apertura de juicio oral. La buena de Rita le dio una larga cambiada a la Fiscalía y al magistrado Conde Pumpido con un capotazo mortal.

Este hecho impactante nos pone en suerte la situación de tantos y tantos casos de imputados, ahora investigados, que sin llegar a estos extremos ven pisoteada su vida, su hacienda, su salud y su honor.

La situación de la Justicia, en los casos de raíz política, se ha convertido en un problema. Muchas veces, la mayor corrupción anida en el entorno a los Juzgados, por negligencia de magistrados que no valoran la situación de las personas como seres humanos, o por algunos fiscales que han convertido la acusación en un mérito profesional y la inocencia del acusado en un fracaso; en estos casos la acusación se ha convertido en un fin en sí misma. Cuando no hay fuego, pueden aparecer bomberos pirómanos.

Canarias no es ajena al clima de la penosa situación actual de la Justicia en España. En Las Palmas, el Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia ha dicho, recientemente, que la Justicia no pasa por su mejor momento. Los propios jueces de Las Palmas han denunciado que es necesaria una restauración de la imagen de la Justicia. En Tenerife, no se dice ni pío, aunque en algunos casos -demasiados- la Fiscalía se ha convertido en una potente apisonadora de derechos y libertades. Demasiados pleitos penales de origen político se convierten en Causas Generales. No es que lo digamos nosotros, la Comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourova, califica a la Justica española como poco eficiente y de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. Los propios jueces denuncian a los partidos políticos, por designar a sus amigos para ocupar el Consejo General del Poder Judicial, lo que influye en la independencia de la Justicia. No digamos nada del nombramiento del fiscal general del Estado por el propio Gobierno de turno. Supongo que en el futuro tendrá que buscarse la fórmula para tipificar a las Causas Generales en el Código Penal, en conexión con las prevaricaciones judiciales por negligencia y con prevaricaciones administrativas de la Fiscalía.

Somos conscientes de que el modelo procesal español está en transición. La Fiscalía terminará llevando la dirección de la instrucción y el juez podrá ejercer sin esquizofrenias el único papel de tutela judicial efectiva. Mientras tanto, la doble actividad de los magistrados, instrucción y tutela efectiva, da lugar a un problema sistémico en el que las pesquisas que abducen al instructor tienden a anular su neutralidad, sumándose a la potencialidad de la acusación.

Volviendo al principio, en mi opinión, la actuación del alto magistrado señor Cumpido ha quedado en entredicho, ya que como fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero tendría que haberse inhibido, amén de no ser ajeno a actuaciones discutibles contra los intereses del PP. Mientras tanto, la buena de Rita se ha llevado su honor intacto.