La ciudad de Las Palmas, la isla tercera en su conjunto, siempre ha mimado al puerto de La Luz hasta hacer de él no un emporio económico porque en Canarias, debido a las circunstancias de dependencia a España que padecemos desde hace casi seis siglos, no cabe hablar de grandes riquezas y suculentos negocios, pero sí un foco de riqueza -y por lo tanto de creación de empleo- nada desdeñable. Mal que nos pese a los tinerfeños -y eso debía pesarnos mucho más de lo que nos preocupa-, el puerto de Santa Cruz se ha quedado muy atrás en comparación con el de Las Palmas.

Alguien nos dirá desde este momento que la distribución geográfica de la población es muy distinta en cada una de las islas capitalinas. Es cierto que Las Palmas creció mucho como ciudad durante las últimas décadas del siglo pasado debido a un trasiego -aquí no cabe hablar de emigración en el sentido estricto- desde las zonas rurales hacia la capital. En Tenerife, en cambio, se han mantenido importantes núcleos habitados tanto en el norte como en el sur de la Isla. De ahí la importancia como institución de su Cabildo insular. No obstante, esa menor importancia relativa de la capital tinerfeña frente al resto de la Isla en comparación con lo que sucede en Las Palmas no guarda ningún paralelismo con la diferencia de actividad portuaria. Por ejemplo, en el tráfico de contenedores; un importantísimo subsector dentro del negocio marítimo en el cual el puerto de la Luz ha llegado a triplicar en unidades manipuladas al de Santa Cruz de Tenerife.

El último capítulo de esta contienda -el último por ahora, pues esto va de suma y sigue- lo reflejaba perfectamente la información que destacábamos en nuestra primera página el jueves de esta semana. "Lucha en el puerto capitalino ante la merma del mercado de contenedores", era el título de dicha noticia. A modo de resumen, la entrada de la empresa OHL en la nueva Terminal de Contenedores de Tenerife (TCT) se ha hecho con la intención de diversificar los puntos de procedencia y destino de este tráfico. Sin embargo, en el muelle del Bufadero ha estado operando otra compañía muy conocida en el puerto tinerfeño: Capsa. Ahora los responsables de la TCT han solicitado a la Autoridad Portuaria que anule la segunda prórroga, de 2019 a 2024, que tiene otorgada esta empresa para continuar en el Bufadero. Con dicho desalojo pretende la TCT expandir su actividad también a ese muelle. El trasfondo de este asunto, como recoge perfectamente la información publicada por EL DÍA, está en la merma del tráfico de contenedores. Una realidad que también preocupa muchísimo a los responsables del puerto de Las Palmas, aunque allí las diferencias entre empresas se resuelven procurando lo mejor para todos; es decir, sin que la sangre llegue al río o, en este caso, al mar.

La manipulación de contenedores en el muelle del Bufadero tiene su pequeña historia. No deberían olvidar los directivos de Capsa, hoy temerosos de ser desalojados, que ocupan ese espacio después de que se produjese uno de los mayores abusos de autoridad a manos de la Autoridad Portuaria -permítanos el lector tan redundante juego de palabras- cuando este organismo era presidido por Luis Suárez Trenor. El afectado fue el empresario canario Alberto Herrera, al que intentaron arruinar -le impidieron iniciar su actividad cuando ya había realizado cuantiosas inversiones, entre ellas la compra de dos grandes grúas que fueron trasladadas al puerto de Santa Cruz e instaladas en dicho muelle- y al que pusieron todos los obstáculos posibles hasta que lo echaron sin darle opción a mover ni un solo contenedor. No entramos en la legalidad o ilegalidad de este episodio que dio lugar a largos pleitos ante los tribunales. Sin embargo, aun cumpliendo estrictamente lo que dice la ley se pueden cometer arbitrariedades.

Recuperamos este episodio no con el ánimo de abrir gratuitamente viejas heridas. Lo hacemos para subrayar que las rivalidades internas en el principal puerto tinerfeño no son nuevas. También entonces temía Capsa la presencia de un competidor. Alguien no quería, y terminó por conseguirlo, que en Santa Cruz hubiese más de una compañía operando en el tráfico de contenedores, mientras que en Las Palmas había, en ese momento, nada menos que cuatro. El monopolio, la prevalencia del "statu quo" de unos pocos, frente a la economía mucho más liberal, mucho menos pendiente de los apellidos y del pedigrí; eso es lo que ha creado la sustancial diferencia entre ambos puertos.

Lejos de reconocer los errores, persisten los responsables de algunas empresas tinerfeñas en achacar el auge de Las Palmas a una política de precios más agresiva que la tinerfeña. Como si jugar con los precios -sin caer en el "dumping"- no fuese una práctica absolutamente lícita en cualquier actividad mercantil. Una práctica que viene de antiguo no solo en el tráfico de contenedores y que ha contribuido, asimismo, a marcar las diferencias entre ambos puertos. Mientras en Santa Cruz se ha aplicado tradicionalmente una política de tarifas inflexible, en Las Palmas han sabido ser mucho más generosos cuando les convenía. Tres barcos pagando cada uno el 50 por ciento aportan más que uno solo con el cien por cien de la cuota.

Al final, los unos por los otros, la casa sin barrer. Estamos ante un capítulo más de un largo culebrón de miserias. Peleas de menesterosos más pendientes de arrebatarse a dentelladas los unos a los otros lo poco que hay, que en unir esfuerzos para conseguir más tráfico. La consecuencia es esa estampa del puerto de Santa Cruz con los muelles vacíos que vemos día tras día. En los muelles de la capital tinerfeña solo se aprecia actividad en las fotos de los años cincuenta y sesenta del siglo anterior que cuelga la Autoridad Portuaria en las vallas de las obras. Hay más movimiento en el puerto de la Luz un domingo de agosto por la tarde que en el de Santa Cruz cualquier día de la semana, sea cual sea el mes del año.

No solo esta actitud empresarial y corta de miras es la responsable del declive santacrucero. Una parte sustancial de la culpa hay que buscarla en la propia Autoridad Portuaria, hoy en manos de un presidente que no nos gusta porque no nos agrada la contemplación de esos muelles desangelados. Al presidente de la Autoridad Portuaria lo nombran en Madrid, pero a propuesta del Gobierno de Canarias. De nada sirve que le sugiramos a Paulino Rivero que se quite de encima al actual titular de este organismo. Sabemos por adelantado que no nos hará ningún caso. No obstante, se lo decimos; y también le recordamos que no es la primera vez que lo hacemos.

"El puerto es lo primero" ha sido desde hace décadas la cabecera de nuestra sección de información portuaria. Por ella han pasado los mejores periodistas de esta Casa desde los tiempos del recordado Juan Antonio Padrón Albornoz. El puerto de Santa Cruz no era lo primero únicamente para nosotros. También lo era para toda la ciudad; inclusive lo era para toda la Isla. Por eso nos da mucha pena verlo reducido a poco más que un embarcadero de paquetería, una vez concluida la temporada de los cruceros de turismo que cruzan aguas próximas al Archipiélago. Este puerto, ni tampoco esta ciudad, se merecen padecer la petulante gestión del actual presidente de la Autoridad Portuaria. Tal vez la peor de toda su historia. Un hombre huidizo de los medios de comunicación en el peor sentido, pues no solo es incapaz de tomar decisiones sino también de explicarles a los ciudadanos el porqué de lo poco que hace. Por el bien de Santa Cruz y de Tenerife esperamos -la esperanza es lo último que se pierde- que alguien lo obligue a dimitir, aunque no es probable que se nos aparezca un santo a estas alturas.