Ha tenido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que dictar una orden de busca y captura contra Ruymán García para que este exalcalde de Valle Gran Rey se presente en ese hotel enrejado que se levanta allá por el Llano del Moro con intención de cumplir los cuatro años de talego a los que ha sido condenado. Ya habían vencido los diez días que el citado tribunal le dio de plazo para que acudiera al trullo por su propio pie, pero claro, como estaba pendiente una petición de indulto...
El exalcalde García no fue condenado en su día por esos asuntos que los abogados defensores, amén de algunos periodistas amables con quienes deben serlo, consideran baladíes. Es decir, incumplimientos veniales de algunas formalidades administrativas sin más trascendencia. Todo lo contrario: fue condenado por prevaricación y malversación de caudales públicos; dos de los delitos más feos que puede cometer un funcionario o un político ejerciendo un cargo al frente de cualquier institución, ya sea local, insular o estatal. A un chorizo lo enchiqueran sin miramientos. Y si protesta, lo corren a porrazos -o a algo más- camino de la celda para que llegue calentito a su nuevo aposento. A un político, a un famoso -el caso de Ortega Cano rayó en la repugnancia con tanto aplazamiento-, le permiten un sinfín de corcoveos legales hasta que el asunto decaiga. Todo ello convenientemente aderezado por informaciones y opiniones de esos plumillas agradecidos -o directamente pelotas- siempre prestos a decir que hombre, no hay derecho. Lo malo para todos ellos es que la Justicia es lenta pero inexorable. Me lo recordó hace tiempo un fiscal, precisamente de la antes mencionada Audiencia Provincial. Una vez que la maquinaria judicial se pone en marcha no se detiene hasta el final.
Lo triste es esa sensación cada vez más generalizada de que no todos somos iguales ante la ley. En España nunca se ha dado esa igualdad. Soñábamos algunos con que fuese posible después de las casi cuatro décadas ininterrumpidas de democracia que vamos dejando a nuestras espaldas, pero ha sido -está siendo- eso: sólo un sueño. Lo tenemos en el caso de la ciudadana Cristina de Borbón -no sé si estoy obligado a llamarla doña, pero en fin- y su presunto pringue en los asuntos del exbalonmanista que tiene por legítimo esposo. Desconozco -incluso el juez Castro lo desconoce hasta que sus colegas dicten sentencia y sea ésta firme- si dicha señora es culpable o inocente. Sólo sé que a la gente no la imputa un juez así como así. Si los magistrados iniciaran procesos por capricho o deporte, no habría juzgados suficientes, ni aun multiplicando su número por cien, para tramitar tantos casos. En el banquillo se sientan aquellos cuyo comportamiento da pie a sospechas razonables. Motivo más que suficiente para que a nadie le guste recibir una citación judicial. Incluso así, hay que esperar a la sentencia.
No la situación, sin embargo, del tal Ruymán García. Cuando la condena es firme y está confirmada, además, por el Tribunal Supremo, lo menos que se le puede reclamar a un exalcalde es bajar la cabeza, pedir perdón a los ciudadanos y cumplir la penitencia que le ha sido impuesta, como les dicen los curas a sus feligreses cuando los confiesan -a los que todavía confiesan- en los confesionarios.
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