TRAS VARIOS meses de aparente inactividad, al menos de cara al público en general, vuelven los debates sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) a la primera línea de la actualidad, con la presentación, por parte de los eurodiputados responsables, de los distintos expedientes que conformarán la respuesta de la Eurocámara a las propuestas del comisario Ciolos para reformar la PAC a partir de 2014.

Hasta ahora, las discusiones se han mantenido en un perfil más técnico en los distintos grupos del Consejo y en sesiones informales de los ministros, en donde los unos observan a los otros y analizan estrategias y buscan alianzas para las futuras negociaciones, sin olvidar que en este particular juego se incorpora un nuevo protagonista, que no es otro que el Parlamento Europeo, cuya opinión es a partir de ahora vinculante y no solamente consultiva.

Comienza, por tanto, una nueva fase en este proceso de toma de decisiones que se hace aun más complejo por el debate que, en paralelo pero "marcándose de cerca", se está celebrando en materia de perspectivas financieras, en un momento altamente convulso para la economía comunitaria y la propia supervivencia de la zona euro. De hecho, y a pesar de que desde el principio la Comisión ha pretendido mantener ambos debates separados, todos somos conscientes de que los resultados de una de las negociaciones van a depender, posiblemente en esta reforma más que en otras precedentes, del resultado que se obtenga en el paquete presupuestario.

Estaremos muy atentos a estas evoluciones, intentaremos influir al máximo en las opiniones de nuestros representantes, en el Consejo y en el Parlamento Europeo, haciendo de esta nueva reforma y de su dotación presupuestaria una cuestión de Estado y, por supuesto, estando atentos a todo lo que pueda afectar a Canarias esta reforma, que, si bien como región ultraperiférica (RUP) tiene otros mecanismos como el Posei, que no se ha visto afectado por la nueva reforma de la PAC y se mantienen las ayudas a las RUP, sin embargo, hay discrepancia, porque si bien la Comisión Europea propone mantener los más de 650 millones de euros anuales para el periodo 2014-2020, el Parlamento Europeo, no obstante, apoya la solicitud de los productores de las RUP de aumentar las partidas presupuestarias, aunque sugiere especificar claramente los objetivos de la política agrícola para estas regiones en relación con el mantenimiento de los cultivos tradicionales y el desarrollo a la diversificación con estrategias para incrementar la oferta.

Aquí y ahora, comienza la labor de los Gobiernos de España y de Canarias para lograr que la partida no solo no se modifique, sino que aumente de acuerdo con las necesidades de las RUP, como ha acordado el Parlamento Europeo.