Independientemente de que los debates que mantengan sus señorías puedan ser más o menos airados, lo que sí tenemos comprobado, y sufrido, los vecinos de nuestro Parlamento (calles de Teobaldo Power, Castillo, Juan Padrón y Viera y Clavijo) es la enorme capacidad de producir ruidos del edificio mismo. Durante las veinticuatro horas del día (por lo tanto incluida la noche) hemos de soportar el intenso ruido que producen permanentemente los aparatos eléctricos de ventilación y aire acondicionado, de gran potencia, con las graves consecuencias que ello puede acarrear en la salud de los vecinos que tratan de descansar (independientemente del derroche energético que supone el funcionamiento del sistema durante toda la noche, cuando solamente se encuentra el vigilante en el edificio). Pero es más, desde las primeras horas del día se añaden en el patio de manzana, al que dan directamente las viviendas de los vecinos circundantes, constantes ruidos de enorme instensidad: conversaciones a gritos, martillazos, sierras mecánicas, perforadoras, arrastre de tablones, y de hierros, etc., que, seguramente, en gran medida son evitables.
Pensamos que poniendo buena voluntad y teniendo en cuenta que en el vecindario hay niños, enfermos, ancianos, etc., y la necesidad de descanso de los que trabajamos, en algún caso con jornada nocturna, sería posible, sin perjuicio para nadie, tratar de evitar los ruidos o reducir al mínimo los que no se puedan evitar, y, sobre todo, realizar las labores ruidosas en horas del mediodía en adelante. Téngase en cuenta que, al tratarse de un patio de manzana cerrado, al que dan las viviendas circundantes que obtienen del mismo luz y ventilación, el efecto de la resonancia en cualquier momento del día y en especial en las primeras horas de la mañana es enorme.
Estamos seguros de que el espíritu cívico y de buena vecindad, virtudes destacadas de nuestro órgano legislativo, harán posible la eliminación de las expuestas insalubres condiciones de vida, impuestas a los vecinos de nuestro Parlamento.
Un vecino (en nombre propio y en el de los demás)
Que cunda el ejemplo
Que de todas las crisis siempre se aprende algo ya nadie lo cuestiona. En este caso habría que romper una lanza en favor del Gobierno valenciano, y más concretamente por su consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que ha tomado una decisión ejemplar, reduciendo el número de liberados sindicales cuyos sueldos como profesores no ejercientes van a cargo de la Administración, que, en definitiva, para mayor escarnio, pagamos los contribuyentes.
La citada reducción afectará a 54 liberados de los 250 existentes, dedicados a tareas de representación de los trabajadores, reincorporándolos al sector educativo, lo que supondría un ahorro de 2,6 millones de euros anuales. Aunque al parecer el recorte se ajusta a lo establecido por el Estatuto básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es muy posible que tal medida suponga la ruptura de la paz social con la Comunidad Valenciana, pero las leyes, entre otras razones, están para ser cumplidas.
Con los últimos datos publicados, existen en España más de 57.000 liberados sindicales, cuyo coste para las empresas representa 1.600 millones anuales, sin que en ningún momento puedan peligrar sus puestos de trabajo, lo que no le ocurre a los restantes mortales trabajadores.
Desde siempre, el empeño de CC.OO. y UGT ha consistido en la persecución y eliminación de los restantes sindicatos independientes y minoritarios, que lograrán con la reciente reforma laboral aprobada, introducirse en sectores ajenos hasta el momento, como son las empresas con menos de seis empleados.
Lo curioso del caso es que a estas organizaciones sindicales mayoritarias nadie las audita ni obliga a que detallen sus actividades y distintos conductos de ingresos. Conseguir la cifra aproximada del dinero que gestionan estos agentes sociales es rematadamente imposible; pertenece a uno de los secretos mejor guardados (y si no, que se lo pregunten al Sr. Fernández Toxo, de CC.OO.). De lo que sí hay constancia es de que las subvenciones proporcionadas por el Gobierno desde el 2005 hasta ahora han crecido un 50%, hasta alcanzar un montante de 12 millones de euros, a los que habria que añadir otras ayudas para formación, participación en organismos, etc., etc.
La Generalidad Valenciana, valientemente, ha dado el primer paso, que sin duda debería ser imitado por las restantes CC.AA. sin tener en cuenta qué partido las gobierna, PSOE o PP. Que cunda el ejemplo.
José-Tomás Cruz Varela