SI LO QUE ESTÁ ocurriendo con el puerto de Granadilla sucediera en países o en regiones que hasta anteayer tenían un índice de paro del 5%, bien podría pensarse que era una de esas batallitas de salón entre políticos y ecologistas con las que a menudo se entretienen los que han descubierto en lo "verde" la nueva religión de nuestros días, caiga quien caiga.

Pero no. La sempiterna paralización del puerto de Granadilla ocurre en uno de los territorios europeos con más índice de paro (27%) y que dice aspirar a ser una plataforma intercontinental que la convierta en centro logístico de primer orden en el centro del Atlántico. Que le permita escapar del desastroso cerrojo impuesto por la decadencia poco remediable del binomio turismo-construcción, en horas bajas por muchos años. Es, por lo tanto, una bóveda esencial en la construcción del futuro, a la que le han inyectado la aluminosis del engaño pseudocientíficos bien instalados en universidades y despachos públicos, que se ven a sí mismos salvadores del planeta. Aunque para ello hundan primero su propia Isla.

Granadilla se convierte así en una perfecta metáfora del nivel de abulia con el que enfrentamos nuestros retos más vitales. Desde que la clase política vio hace ya varios años que una mayoría de ciudadanos encuestados miraba con recelo a ese puerto, envuelto en leyendas sobre enriquecimientos bárbaros y atentados ecológicos que rivalizan con la deforestación del Amazonas, se puso de perfil ante este reto, con la excepción actual de dos personajes singulares que lo defienden siempre: el consejero Domingo Berriel y el diputado nacionalista Jose Miguel González, acostumbrados desde antiguo a decir lo que piensan. El PP hace gestos esporádicos en favor del proyecto, pero nunca ha impulsado iniciativas concretas más allá de recogida de firmas. Y el PSOE se lleva la palma del "sí pero no", del "no quiero y además no puedo", o de "donde dije digo, digo Diego". Si unos callan más de lo que deben por miedo a las encuestas, los socialistas, que siempre respaldaron el proyecto en el Ayuntamiento (donde CC se opone), en el Cabildo, en el Parlamento de Canarias y en Madrid, ahora dicen una cosa diferente según a qué pregunta respondan. No dan el no frontal al Puerto de Granadilla, pero los más beligerantes sostienen que hay que cargarse como sea el nuevo Catálogo de Especies Naturales aprobado por el Parlamento de Canarias que lo posibilita. Y como ni la dirección insular ni la regional dicen nada, tiene que venir a Santa Cruz un honorable diputado socialista asturiano, Hugo Morán, a advertir que si seguimos empeñados en llamar pan al pan y vino al vino se verán obligados a presentar un recurso de inconstucionaldiad contra la ley canaria. Y no pasa nada: hemos perdido hasta la capacidad de escandalizarnos de lo que sólo hace diez años hubiera sido vergonzoso.

Y mientras todo esto ocurre, mientras 301.000 canarios ven agotarse día a día sus subsidios de paro, hay una obra financiada con 133 millones de euros, subvencionada casi al 50% por la UE, adjudicada, bendecida por unanimidad por las administraciones insular, regional, estatal y europea, a punto de decaer en el olvido. Porque nadie quiere perder una pluma siquiera en el empeño. Y con ella pueden caer otras muchas inversiones en el polígono de Granadilla.

Mil contratos de trabajo inmediatos y directos, productivos y necesarios, duermen el sueño de los justos mientras las administraciones se afanan en enterrar millones de euros de escasa efectividad que entretengan a los parados en obras más o menos cosméticas. Otro día desgranaré las ventajas ecológicas que los llamados ecologistas sistematicamente ocultan, perfectamente indiferentes al desastre al que empujan desde hace años.