SE VENÍA anunciando desde hace muchos meses: el súbito aumento del desempleo experimentado en España, como consecuencia de la crisis prevista y no prevenida, es potencialmente explosivo. Por un lado, las provisiones del seguro de desempleo podrían no alcanzar a dar satisfacción a todos los derechos al subsidio generados. Pero eso no es todo: a más corto plazo, la situación de los parados a quienes se les vaya agotando el período de percepción del subsidio y no encuentren una nueva ocupación será desesperada. Y si esta situación se prolonga algún tiempo, lo que correrá peligro será, además, la seguridad pública.

Se comentaba -y se llegó a publicar, aunque con la boca pequeña, como suele decirse- que la Policía y la Guardia Civil estaban ya trabajando en posibles escenarios de desórdenes públicos provocados por un aumento incontrolado de parados sumidos literalmente en la miseria. De hecho, en primavera ya se conocieron algunos robos en grandes almacenes y comercios de gran tamaño, cuya originalidad consistía precisamente en que los artículos robados eran de primera necesidad. La cosa no parecía adoptar tintes muy alarmantes, sobre todo gracias al colchón de las familias en los casos de parados españoles, y, en cuanto a los inmigrantes (y no pocos nacionales también), gracias a la acción benefactora de organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que brilla con luz propia la Iglesia católica con sus instituciones caritativas.

Los 420 euros

Así las cosas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo otra de sus ocurrencias: anunció que los ciudadanos a quienes les expirase la percepción del seguro de desempleo en agosto recibirían la cantidad de 420 euros mensuales.

Las calculadoras volvieron a echar humo, como ya ocurrió con el cierre "a la zapatera" del modelo de financiación autonómica. Y, como en aquella ocasión, resulta que las cuentas tampoco salen: demasiadas bocas para tan poca comida; eso sin contar, además, con el agravio comparativo que se inflige a todos los que se quedaron sin subsidio antes de agosto. Y por si fuera poco, ha resultado que las condiciones adicionales que dan derecho a recibir esa ayuda de mera subsistencia en su mínima expresión reducen extraordinariamente el número de personas que acabarán recibiendo esta limosna.

Las primeras reacciones de la gente que desde el primer día formó colas interminables en las oficinas del INEM han sido, como era de prever, de suma irritación. Las televisiones y las radios destacaron a sus sagaces reporteros con sus cámaras y sus micrófonos a las filas de parados, y lo que ofrecieron al público fue uno de los peores espectáculos que puede imaginar un gobernante: todos los testimonios, sin excepción, fueron de personas enfurecidas que clamaban contra un Gobierno cuyo presidente no sólo les había engañado personalmente a ellas, sino que, además, las había tomado por idiotas con una operación de burda propaganda demagógica.

Las colas se siguen formando, pero las cámaras ya no han vuelto a aparecer por allí. Esto puede deberse a que la noticia, si se repite día tras día, deja de ser noticia (recuérdese el ruido mediático del primer aborto sin castigo penal cometido en nombre de la ley de 1985, y el silencio con que se recibe a los cien mil abortos anuales del último quinquenio); pero también puede obedecer a que los responsables de algunos medios recuerdan muy bien aquel encuentro entre el presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de grupos mediáticos, en el que se habló de la publicidad oficial que recibirían en este tiempo de crisis y de recortes en las partidas publicitarias de los anunciantes. Hay cosas que, en efecto, resulta muy conveniente recordar.

Pollos sin cabeza

Pero sólo aquellos primeros reportajes debieron de encender todos los testigos de alarma en La Moncloa (o más bien, en este mes, en La Mareta), y Rodríguez Zapatero ha salido urgentemente a decir por televisión que si se advierten deficiencias en los cálculos o las condiciones para recibir este plus de ayuda pública, se subsanarán. Naturalmente, no ha dicho cómo, ni con qué recursos cuenta para esta operación, ni nada de nada. Lo cual inclina a cualquier observador sensato a concluir, aunque sea provisionalmente, que no hay ninguna razón para que sea más verdad lo que Rodríguez ha dicho ahora que lo que dijo cuando anunció los dichosos 420 euros.

Además de esta aparición presidencial se ha producido otra, anunciando que si llega un momento en que falte el dinero para cumplir la promesa presidencial, habrá que subir los impuestos. ¿Ha partido este anuncio de la vicepresidente económica Elena Salgado? No, por cierto. ¿Del número dos de Economía José Manuel Campa? Pues, tampoco. El autor de esta amenaza (una amenaza en toda regla, pues nadie cree que sólo subirán los impuestos de "los que más tienen", sino de todo el que tenga algo) ha sido el ministro de Fomento, José Blanco. Extraña cosa, que sólo puede tener alguna remota explicación -que no justificación, desde luego- en el hecho de que Blanco es el número dos del PSOE, y es bien sabido que estos socialistas nuestros carecen de toda capacidad de distinción entre el Gobierno y el partido, como semana tras semana se encarga de corroborar la vicepresidente Fernández de la Vega tras los Consejos de Ministros de los viernes.

La crítica del Partido Popular, y de no pocos observadores no partidarios, esta vez parece tener fundamento sólido. Los gobernantes van de aquí para allá, alocadamente, como pollos sin cabeza, por usar la frase corriente en inglés y hecha popular entre nosotros por el entrenador Toshack. Una vez más el chiste se hace realidad: Colón fue el más grande socialista, pues salió sin saber dónde iba, llegó sin saber a dónde estaba, volvió sin saber de dónde venía, y todo eso lo hizo con dinero ajeno.