El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acusó hoy a las organizaciones internacionales de "fracasar" en la defensa de la libertad de prensa, precisamente en un momento en que se registra un aumento de la represión y la censura.

La organización afirma en su informe "Ataques a la prensa en 2010", difundido hoy, que 44 periodistas perdieron la vida el año pasado en el ejercicio de su profesión y otros 145 fueron encarcelados en más de 100 países, la cifra de detenciones más alta desde 1996.

"El hecho de que no se adopte una posición coherente conduce a pensar que la voluntad de defender en público la libertad de prensa obedece más a consideraciones políticas que a un compromiso profundo con ese principio", afirmó el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, en la presentación del informe.

Como ejemplo el trabajo cita la decisión de la Unesco de aceptar una donación de tres millones de dólares (2,2 millones de euros) del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Ngema, para financiar un premio de ciencias en su honor.

La organización de Naciones Unidas terminó rechazando la iniciativa de Obiang, al que el CPJ considera un represor de la libertad de prensa, pero lo hizo tras una fuerte campaña internacional que "dañó gravemente su reputación", según Simon.

El responsable del Comité también criticó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por no felicitar al disidente chino encarcelado Liu Xiaobo cuando le concedieron el Premio Nobel de la Paz, en una aparente "cesión" a las presiones de Pekín.

En una posterior conferencia de prensa, el portavoz de la ONU, Martin Nesirky, respondió que las acusaciones del Comité "no son verdad" y afirmó que el secretario general del organismo es un convencido defensor de la libertad de prensa.

El informe del CPJ también critica a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) por permitir que Kazajistán asumiera el año pasado la Presidencia de la institución, así como a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su "silencio" ante la situación de la prensa en Venezuela.

"Mientras a base de leyes se erradica la libertad de prensa en Venezuela, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no ha confrontado al Gobierno del presidente Hugo Chávez", afirma el documento.

Sus autores recuerdan que los tribunales venezolanos prohibieron la aparición en la prensa de fotografías de crímenes que reflejan los altos índices de criminalidad en el país, tras escuchar unas críticas públicas al respecto por parte de Chávez.

Este tipo de actuaciones son las que han conducido a un marcado aumento de la censura en toda Latinoamérica, según el informe, que también destaca el efecto en la prensa de la violencia de las organizaciones criminales, particularmente en México.

Los responsables del CPJ hacen especial hincapié en esta edición de su informe anual en el notable ascenso del número de periodistas encarcelados en 2010, ya que contabilizó 145, la cifra más alta de los últimos quince años.

Los Gobiernos de Irán y China detuvieron el año pasado a 34 periodistas cada uno, lo que los convirtió a los ojos del CPJ en los peores "carceleros" de profesionales de la información del mundo.

En esta "lista de la vergüenza" les siguen Eritrea (17), Birmania (13) y Uzbekistán (6), afirma el documento.

Por otro lado, el informe también destaca la liberación de 17 periodistas en Cuba, dentro de un grupo más amplio de opositores al régimen, aunque advierte de que estas acciones no se pueden confundir con un cambio actitud de las autoridades respecto a la libertad de prensa.

El CPJ hace referencia en el informe al incremento de la censura y la represión del periodismo digital, como sucedió durante las recientes protestas en Egipto, así como a los "ataques informáticos invisibles" a los medios de prensa.

En sus actuaciones, los gobiernos emplean medidas que van desde el cierre de páginas de internet, hasta el uso de técnicas de pirateo informático para vigilar y entorpecer el trabajo de los profesionales, según el informe.

El Comité, que trabaja desde hace casi 40 años en defensa de la libertad de información, mantiene abierta la investigación de 31 casos de periodistas muertos, ya que no ha podido confirmar aún si su fallecimiento está relacionado con sus funciones profesionales.

Sin contar esos casos, las 44 muertes registradas en 2010 representan un descenso respecto a 2009, cuando la masacre de 31 profesionales en Filipinas hizo que se alcanzara la cifra sin precedentes de 71 periodistas muertos en un año.