Nuevo aviso de la justicia al ministerio de Fomento sobre su obligación de abonar a Canarias las cantidades comprometidas en el anterior convenio de carreteras y sus sucesivas adendas, y que la crisis y los recortes de la pasada legislatura dejaron en el limbo. Son ya más de 950 millones de euros entre el coste de las actuaciones para 2012 a 2016 y la creciente demora de intereses que el Tribunal Supremo acordó, mediante cuatro sucesivas sentencias firmes en los primeros meses del 2018, que el Estado debía asumir.
Tras las sentencias del Alto Tribunal y la negativa de Fomento a reconocer toda esa deuda reclamada por el Gobierno de Fernando Clavijo, el pleito entre ambas administraciones sigue y es ahora la propia Audiencia Nacional la que interviene para apremiar al ministerio a que cumpla. Lo ha hecho a raíz de la presentación, el pasado día 27 de febrero por parte del Ejecutivo regional, de los incidentes de ejecución de cada una de las sentencias previas, y ante la falta de respuesta por parte del ministerio.
Así, la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional remitió el pasado día 6 una diligencia a Fomento dándole un plazo de diez días hábiles para que informe sobre el estado de ejecución de esas sentencias, según han confirmado a este periódico fuentes del organismo judicial que preside el canario José Ramón Navarro. Aunque el plazo teórico ya se ha cumplido, las mismas fuentes aclaran que el requerimiento puede haber tardado algunos días ya que se hace a través de correo certificado, y que eso demora el procedimiento. En todo caso, señalan que lo normal es que debe responder, como muy tarde, a lo largo de la próxima semana. Este periódico trató ayer, sin éxito, obtener la versión del ministerio.
El vicepresidente canario, Pablo Rodríguez, calcula un mes como el plazo razonable para tener alguna respuesta, es decir, sobre el 27 de este mes, más o menos el mismo plazo de la Audiencia al ministerio para que atienda su requerimiento y le informe sobre el estado de ejecución. Rodríguez insiste en que este paso judicial dado por el Gobierno reclamando toda la deuda no impide que la consejería persevere en la "senda de la negociación" sobre los plazos y condiciones del pago de lo que sí se reconoce (600 millones). El Estado solo admite tener que pagar las obras certificadas, pero no las que se realizaron con los fondos que adelantó la comunidad (345).
Rodríguez asegura, no obstante, que los contactos con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, con el que se negociaba, se han cortado en seco tras la convocatoria de elecciones generales, y da por hecho que esto no cambiará hasta que un nuevo Gobierno central tome posesión y se configure un nuevo equipo en Fomento. Recuerda en este sentido el consejero que los últimos contactos datan del 14 y 15 de febrero, primero en una reunión suya con el propio Saura, y después en otra de la comisión de seguimiento del convenio, en las que no se alcanzó ningún acuerdo.
En esas reuniones, sí se quedó en trabajar un documento sobre cómo hacer que se pudiera ir librando parte de la deuda reconocida por el ministerio sin que por ello la consejería renunciara a la vía judicial para exigir el resto de los fondos contemplados en el convenio anterior. Según Rodríguez, a una primera respuesta afirmativa del ministerio siguió de forma inmediata otra en sentido contrario, lo que mantiene en estos momentos el conflicto en vía muerta. El Gobierno regional considera que la Audiencia Nacional no va a entrar en el fondo del asunto y que se limitará a instar al ministerio a que cumpla las sentencia del Supremo y pague la deuda. "En teoría, los hechos están juzgados y solo cabe resolver el incidente de ejecución", afirma el consejero, quien recuerda que ya no hay posibilidad de que Fomento pida una "aclaración" sobre cómo ejecutar.