La ponencia del Estatuto del Diputado del Parlamento de Canarias decidió ayer solicitarle al letrado de la Cámara un informe sobre la compatibilidad o no del diputado Gabriel Corujo (PSOE) para que siga ejerciendo ese puesto autonómico hasta la próxima legislatura mientras ocupa el cargo de delegado de la Zona Franca en Las Palmas, para el que acaba de ser designado.
Todos los grupos acordaron ayer pedir ese informe ante las dudas sobre si cabe mantener el puesto de diputado con un cargo así. El texto del letrado, por tanto, será clave para determinar la compatibilidad y que Corujo obre en consecuencia. No obstante, y según señaló ayer a El Día, dispone de un informe jurídico que esgrimió en 2012 Antonio Vera, quien fuera concejal del PP en la oposición en el ayuntamiento grancanario de Santa María de Guía y que fue designado ese año para el mismo puesto en la Zona Franca de Las Palmas. Ese texto, elaborado por un abogado particular, sostenía la compatibilidad y afirmaba que podía percibir dietas e indemnizaciones por asistir a plenos y comisiones informativas locales.
En el caso de un diputado, se defiende también la compatibilidad, siempre que no tenga dedicación exclusiva. Ante la posibilidad de que fuera designado, Corujo explica que pidió hace semanas perder esa condición como diputado en el Parlamento y solo cobrará nómina por la Zona. No obstante, recalca que asumirá las conclusiones a las que llegue el letrado y, en función de su informe, decidirá. Eso sí, deja claro que en estos momentos prefiere la gestión directa en su trayectoria política, por lo que, de declarar incompatibles ambos puestos, se decantará por el nuevo cargo.
La ponencia, por el contrario, rechazó la petición de la diputada Águeda Montelongo, que acaba de dejar el PP, de que se estudie la posible incompatibilidad de Mario Cabrera (CC) por tener cuestiones jurídicas pendientes de su etapa como presidente del Cabildo de Fuerteventura.