El Consejo Consultivo de Canarias considera inconstitucionales y nulos algunos de los apartados que regulan el alquiler vacacional en el proyecto de ley que modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
En concreto, en su dictamen, se considera contrario al orden constitucional de distribución de competencias el inciso final del artículo 46-bis, referido a que las viviendas de alquiler vacacional quedan excluidas de la legislación de arrendamientos urbanos.
Asimismo considera inconstitucional el apartado del artículo que establece las condiciones que deben cumplir las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal para poder ser comercializadas turísticamente.
Este informe había sido solicitado por el Parlamento de Canarias para que, antes del debate definitivo en el pleno, se analizara la adecuación legal, estatutaria y constitucional del dictamen emitido por la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes sobre este proyecto de ley, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En su tramitación, la comisión del Parlamento incorporó enmiendas que regulaban las viviendas vacacionales, un aspecto que inicialmente no era el objeto del proyecto de ley que remitió el Gobierno a la cámara regional.
El proyecto de ley remitido por el Gobierno de Canarias contenía un solo artículo en el que derogaba de la Ley de Modernización Turística los preceptos sobre el alquiler vacacional anulados por sentencias judiciales.
Al respecto, el Consultivo indica que la aceptación de determinadas enmiendas que regulan con carácter de totalidad una materia nueva como es el alquiler vacacional, introduce una "distorsión importante" en la iniciativa original, que no tenía ese objetivo.
El informe, de 87 páginas, señala que la justificación del dictamen aprobado por la Comisión, que alude para esta regulación a causas territoriales y medioambientales y a criterios sociales de acceso a la vivienda, "resulta coherente y adecuadamente conectada con los parámetros de aplicación, especialmente los del derecho comunitario y su transposición al ordenamiento jurídico".
No obstante, agrega que en el análisis pormenorizado de alguno de los diferentes preceptos sometidos a la consulta de este órgano "se señala la necesidad de reforzar y concretar con la suficiente precisión tal motivación".
El dictamen insiste en las competencias autonómicas en la regulación del alquiler vacacional pero indica que en el caso de los arrendamientos urbanos se trata de una ley estatal por lo que su regulación es contraria "al orden constitucional de distribución de competencias" y señala que ni siquiera es admisible como simple reproducción de la norma estatal.
En cuanto al artículo 46-ter, el Consejo Consultivo recomienda acudir a la legislación urbanística y medio ambiental general, "más rica en criterios y principios rectores", y no, tal y como señala el texto, a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística para establecer los requisitos, criterios y estándares de implantación del uso turístico de las viviendas.
Además resalta que en el texto se alude que será el planeamiento insular el que establecerá las condiciones para la implantación del uso turístico en el territorio en función de la carga de las diferentes zonas turísticas, concepto que para el Consultivo es muy genérico ya que este planeamiento incluye diversidad de figuras de ordenación.
El dictamen recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulos varios artículos del decreto de 2015 que regulaba el alquiler vacacional y en concreto la exclusión que se hacía de las viviendas en suelo turístico y la prohibición de cesión por habitaciones y de uso compartido de la vivienda.
En su informe, el Consultivo hace un repaso por la regulación de las viviendas vacacionales que han aprobado las diferentes comunidades autónomas y precisa que ninguna se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Indica que los preceptos sometidos a consulta, "muchos de ellos absolutamente nuevos en nuestro ordenamiento jurídico", han sido introducidos durante el trámite de enmienda en el proyecto de ley remitido por el Gobierno.
Los grupos parlamentarios: para la próxima legislatura
Los grupos parlamentarios de la Cámara regional han propuesto este jueves de forma conjunta que la modificación de la ley de ordenación del turismo de Canarias y la ley de renovación y modernización turística sean abordadas en la próxima legislatura para poder regular con rango de ley el alquiler vacacional.
En un comunicado, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC) ha considerado "pertinente" unirse al resto de grupos parlamentarios y ha señalado que será entonces cuando se contemplen los aspectos relativos al alquiler vacacional tras recibir el dictamen del Consejo Consultivo, cuyas conclusiones, a juicio de los Nacionalistas, constituyen un "buen referente" para la regulación con rango de ley del alquiler vacacional.
A juicio de los nacionalistas, la modificación de los aspectos a los que se refiere el Consultivo requeriría la formulación de nuevas enmiendas que dieran mayor precisión a la norma proyectada, con lo que se justifica su aplazamiento hasta la próxima legislatura.
Asimismo, el portavoz adjunto del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Miguel Jorge Blanco, ha abogado también por dejar para la próxima legislatura las reformas legislativas y ha destacado que el dictamen conocido este jueves introduce las suficientes dudas sobre el mecanismo elegido para enmendar el proyecto de ley del Gobierno de Canarias y ampliar las modificaciones del texto legislativo más allá de la intención original “como para hacernos reflexionar a todos”.
Según Blanco, las modificaciones introducidas son "de tal calado" que merecen un "debate sosegado" que en apenas tres días "es imposible que se produzca”.
En este sentido, el parlamentario del PP ha opinado que “lo más sensato y lo más urgente” en el último pleno de la legislatura es adaptar la norma a los requerimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional y ha dicho que es responsabilidad a los diferentes grupos parlamentarios que propicien un debate "sereno".
Además, la portavoz del PSOE en el Parlamento, Dolores Corujo, también ha considerado necesario posponer el debate tras la "falta de consenso" y a la vista de las conclusiones del dictamen del Consultivo.
Corujo ha explicado que el PSOE mantiene su apuesta por establecer unos "mínimos legales" en la regulación del alquiler vacacional, sobre todo por razones de carácter social dada su "indudable incidencia" en el mercado de alquiler tradicional.