Acuerdo histórico. Los grupos con representación en el Parlamento de Canarias, tras cuatro años de negociaciones y varios mandatos esperando, han llegado a un pacto para aprobar por unanimidad (salvo algún fleco ya secundario) la nueva ley de Servicios Sociales. Una norma que sustituirá la de 1987 y que permitirá no solo actualizar las prestaciones, sino disponer del catálogo de servicios "más completo del país" y adaptar Canarias a los nuevos retos, derechos, la legislación nacional y ámbitos profesionales surgidos. Eso sí, para ese acuerdo se ha tenido que salvar el último gran escollo: la financiación. Todos los partidos le han aceptado a Pepa Luzardo (PP) su propuesta de que, en los próximos años y hasta 2025, esta ley cuente en cada ejercicio con 55 millones más para costear su oferta y derechos reconocidos, lo que supondrá 330 millones más en 6 años a añadir a los 370 con los que se parte ahora.
A ese total de 700 millones en 2015 aún habrá que añadir lo que se aporte a los cuatro planes plurianuales que, según recalcó ayer a El Día la diputada de CC Elena Luis, que ha asumido un papel protagonista en la redacción de la norma, se desarrollarán al amparo de la nueva ley. Unos proyectos con los que, según señala también María Teresa Cruz Oval (PSOE), otra de las voces principales en este hito de la legislatura, acabarán elevando el presupuesto destinado por Canarias a este ámbito a unos 900 millones en cada ejercicio. No obstante, para llegar a esa cifra se necesitarán otros 6 años más, según Luis, ya que los planes tienen un plazo de 12 años.
Los grupos llegaron a un consenso en la tarde-noche del lunes tras dos meses y medio intensos en este 2019, con numerosas ponencias de muchas horas en las que, por momentos, muchos integrantes pensaron que no se alcanzaría un acuerdo, aunque fuese de mínimos.
Esto suponía un gran riesgo, puesto que, como estuvo advirtiendo meses la consejera del área, Cristina Valido, de llegarse a la nueva legislatura sin que se aprobase la ley se perdería más de un año porque retomar los trabajos impediría acelerar más el proceso una vez retomado en el nuevo mandato. Los grupos han hecho un último esfuerzo y, al final, han llegado a un consenso amplio que, si bien quedan algunas enmiendas vivas, se traducirá en el pleno de la próxima semana en un apoyo unánime a la inmensa mayoría del texto, con algunos matices en los que puede que algún partido se distancie o se abstenga.
Así, el texto consensuado, con su parte financiera, se abordará en la comisión del área social de este viernes, donde se aprobará antes de que vaya a sesión plenaria el martes o, seguramente, el miércoles próximo.
En el pleno de ayer, una pregunta de José Miguel Ruano (CC) sobre la Prestación Canaria de Inserción (ya Integración) sirvió para que el presidente, Fernando Clavijo, subrayase la relevancia del acuerdo sobre la nueva ley y para que esa PCI acabe convirtiéndose (con un plazo de 18 meses) en una renta social, en cumplimiento del artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía del Archipiélago. Clavijo, además, anunció que se irá trabajando antes con los cabildos y ayuntamientos y que, a finales de este 2019, seguramente comenzará a cumplirse parte de lo que se aprobará la próxima semana.
La ley social fue uno de los puntos claves del pacto de gobierno en 2015 entre CC y PSOE, tras años de anuncios y promesas que nunca se cumplieron para renovar la aprobada por el primer gobierno de Jerónimo Saavedra, casi al final de la legislatura de 1983 a 1987. La exvicepresidenta socialista Patricia Hernández se propuso impulsarla y aprobarla lo antes posible en este mandato, pero la ruptura del pacto hizo que le cogiera el relevo Cristina Valido en enero de 2017. Desde entonces, hubo avances y frenos, pero, al final, se aprobará por unanimidad.
La cartera de servicios "más completa del país"
Más allá de las discrepancias que hubo sobre la financiación, sobre todo desde el PP, la nueva ley sí es concebida por todos los partidos como la "más completa" del país por su catálogo de servicios, que por primera vez se incorpora en un texto legal de este tipo de una comunidad y en el que se reconocen como derechos subjetivos. Algo así no pasa en los últimas normas aprobadas: las de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Aragón, Andalucía y Comunidad Valenciana. Aparte de la PCI sin tope de 24 meses si persiste la situación de exclusión social del beneficiario, la ley incluye como derechos las ayudas de emergencia o urgencia social para acelerar al máximo su entrega. Además, contempla el transporte adaptado, la asistencia personal, la mediación familiar, la intermediación laboral, la atención psicológica y la intervención educativa. Asimismo, habrá tutela judicial administrativa para personas que no se valgan por sí mismas, se incluyen los mecanismos tecnológicos (audífonos, sillas de ruedas...) y se atiende a los "sin techo", cuyas competencias serán de los cabildos.