Los grupos parlamentarios que forman parte de la ponencia de la nueva ley de Servicios Sociales de Canarias han acordado el catálogo de servicios "mejor y más completo" de las normas regionales de este tipo del país. Así lo expresaron en la tarde de ayer a El Día, tras la última reunión, la responsable del área social de CC, Elena Luis; la del Grupo Socialista, María Teresa Cruz Oval; la de Podemos, María del Río Sánchez, y la del PP, Pepa Luzardo, si bien la representante popular sigue teniendo dudas y exige más garantías y concreción con la financiación de estos nuevos "derechos subjetivos" reconocidos a los isleños.
Las más entusiastas, ayer, con la norma fueron, sin duda, Luis y Cruz Oval. La nacionalista asegura convencida que, "sin duda, es la mejor y más avanzada ley social de España, con la cartera de servicios más completa". Según subraya, eso es fruto de que ha sido "duramente trabajada durante estos 4 años, pero, al final, hemos conseguido un altísimo nivel de consenso y nos ha quedado un texto magnífico".
En esa onda, Cruz Oval la califica de "mucho más completa" que las últimas ocho que se han aprobado en otras comunidades: las de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Aragón, Andalucía (que data de 2016) e, incluso, la de la Comunidad Valenciana pese a ser de diciembre de 2018 porque, a diferencia de este texto y de los anteriores, "la nuestra es muy garantista y reglamentaria, incorporando por primera vez en una norma así el catálogo y detallando los servicios que se recogen como derechos subjetivos de los canarios a partir de ahora".
En este sentido, ambas subrayan, entre otras cuestiones, que la cartera incluya una Prestación Canaria de Integración (PCI, pero ya sin la palabra "inserción") como derecho subjetivo sin tope de 24 meses si persiste la situación de exclusión social del beneficiario. Además, también se reconocen como tal las llamadas ayudas de emergencia o de urgencia social, de forma que no pasen hasta 6 meses para recibir medicamentos o comida, sino que sean realmente inmediatas.
Asimismo, se incluye en el catálogo el transporte adaptado, la asistencia personal, la mediación familiar y la intermediación laboral. También entra la atención posicológica y la inspección educativa, aparte de generarse el derecho de las personas que no pueden valerse por sí misma, porque padecen alzheimer o patologías similares, a que tengan tutela judicial a través de la administración pública.
Oval remarca, además, que la ley no solo diferencia los servicios de los profesionales y las prestaciones económicas detalladas, sino los mecanismos tecnológicos a utilizar por beneficiarios, como los audífonos, bucles o sillas de ruedas. No obstante, considera aún más relevante que se haya incluido a los "sin techo", cuyas necesidades se presentan como competencias de los cabildos, que deberán cubrirlas porque, en muchos casos, los que se encuentran en determinadas ciudades, como Santa Cruz de Tenerife, proceden de otras zonas de la Isla o de fuera. Esto también entra en el nuevo catálogo (muy diferente al de 1987) y no se deja para un reglamento posterior. Lo que sí queda pendiente son los precios de los servicios, que debe concretarlos el Gobierno en un reglamento.
Luzardo comparte que se trata del catálogo "más completo" en la actualidad y subraya la incorporación de colectivos como los que requieren atención temprana o los celíacos. En estos casos, ahora se incorporan a las ayudas de emergencia social en uno de los apartados de alimentación para poder acceder a las ayudas. No obstante, Luzardo duda de la financiación y, en eso, se alinea con Del Río Sánchez, quien considera muy relevante el detalle de los servicios y que se reconozcan como derechos, aunque espera que cuenten con ficha financiera y que se tenga más en cuenta a las entidades sin ánimo de lucro en este ámbito.
La parte financiera sigue sin concitar el consenso global
Aunque han consensuado una cartera de servicios que presentan como las más completa y ambiciosa de todas las leyes sociales de las regiones españolas, los grupos, especialmente el PP, aún mantienen flecos respecto a cómo financiar esas prestaciones y el resto de la norma a partir de su aprobación por el pleno, previsto para finales de este mes tras su ratificación en comisión el próximo viernes. Elena Luis explica que una ley tan amplia y compleja requiere 4 planes plurianuales para que la financiación pueda afrontarla en su totalidad. Por eso, calcula unos 6 años de implantación del catálogo de servicios, aparte de resaltar las garantías a la financiación de ayuntamientos y cabildos. En este caso, se mantiene la intención de que la Comunidad aporte el 60% a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 50 a los que no superan los 95.000 y el 40 a las grandes ciudades. Una fórmula que se maneja es el incremento del 33% del presupuesto cada 4 años en los próximos 12 ejercicios. El PP, por el contrario, insiste con su propuesta de que se destine cada año un 10% del presupuesto regional, al entender que los 390 millones actuales necesitan subir a unos 900 para cubrir todos los servicios del catálogo. CC y otros grupos, sin embargo, creen más realista esa subida paulatina, entre otras cosas porque el 10%, incluso, sería insuficiente para alcanzar la cifra necesaria. Estas diferencias son el único fleco grande que queda, aunque la ley saldrá por unanimidad.