Las decisiones del ministerio fiscal en el caso Grúas han sido polémicas, tanto por los cambios de criterio bruscos cuando no inesperados en momentos claves del procedimiento que han dañado los intereses de la defensa del presidente del Gobierno de Canarias. La última disposición es, como algunas de las precedentes, insólita. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto un cambio en la representación del ministerio público del caso en el juzgado de instrucción número 2 de La Laguna.
La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, era la llamada a asumir la dirección del ministerio público en la causa. Por experiencia, jerarquía y prestigio y por la trascendencia de la investigación que afecta al presidente del Gobierno de Canarias lo normal hubiera sido que Carmen Almendral ejerciera las labores encomendadas a la Fiscalía en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos del interés público en el procedimiento.
Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado se va a proponer a la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, para que asuma el control de la causa. Este cuerpo especial de la Fiscalía hasta ahora no había intervenido en el caso Grúas, en una decisión que puede tener justificación porque a esta unidad se le encomiendan los asuntos de especial trascendencia relativos a delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción pero sorprende su incorporación en esta fase del procedimiento.
Sobre todo es anómala la intervención ahora de la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid porque en la Fiscalía General del Estado se guarda un informe remitido por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, en el que no se hallan indicios de delito por presunta prevaricación o malversación de caudales públicos en la gestión del ahora presidente del Gobierno de Canarias cuando ocupaba la alcaldía de La Laguna en el cambio de titularidad de la concesión municipal para el servicio de retirada de vehículos.
Este informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias enviado a la Fiscalía General del Estado tras estudiar el caso el teniente fiscal Demetrio Pintado no se ha hecho público aunque sus conclusiones -el cierre de la causa al no hallarse indicios de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos- han sido desveladas por este periódico. En Madrid se guardó el informe a la espera de que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Canarias, el pasado 6 de noviembre, que eliminaba los aforamientos para los altos cargos. De esta forma, en una maniobra de dilación el ministerio público evitaba tener que pronunciarse en el Alto tribunal canario sobre el proceder de Fernando Clavijo, a quien no se le observaba ningún proceder ilícito.
"Se ha demostrado que es una acción política y parece que las irregularidades no están en La Laguna sino en la Fiscalía", declaró en diciembre el presidente del Gobierno de Canarias una vez que se conoció a raíz de las informaciones de este diario el informe del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia. "Estoy tristemente sorprendido". En febrero, otra maniobra del ministerio público enredó también los intereses del presidente del Gobierno de Canarias en una cuestión que al final afecta a la competencia del órgano judicial sobre el que recae la responsabilidad del caso en lo que afecta a Fernando Clavijo.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias forzó un cambio de criterio sobre el caso tras recibir unas conclusiones del teniente fiscal en respuesta al recurso de casación de la defensa del presidente del Gobierno de Canarias contra el auto de la sala de lo penal del alto tribunal canario que se desentendía del asunto para que el procedimiento se llevara en exclusiva desde el juzgado de instrucción de La Laguna.
Demetrio Pintado emitió un informe en el que aconsejaba que el asunto se trasladara desde la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia al Tribunal Supremo para que dilucidara qué órgano judicial ostenta las competencias de investigación de la causa que afecta al presidente del Gobierno de Canarias. El criterio de Pintado es que el proceso es "históricamente novedoso" en la historia judicial de España como consecuencia de la "relevante problemática planteada" sobre la jurisdicción al entrar en vigor una ley orgánica, como un Estatuto de Autonomía, que suprime los aforamientos en un procedimiento en marcha y que afecta a un jefe de Gobierno. Sin embargo, desde la máxima jefatura de la Fiscalía en Canarias se ordenó un cambio de criterio y se rechaza el recurso presentado por la defensa de Fernando Clavijo.
No fueron estos los únicos cambios de criterio de la Fiscalía. En la primera fase de instrucción del caso tanto la juez como el fiscal del juzgado de instrucción número dos de La Laguna archivaron la causa al entender que no había indicios de delito en la gestión de Fernando Clavijo. A raíz de un recurso contra el archivo la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó reabrir el caso al considerar que se sobreseyó de "forma precipitada". Con posterioridad el fiscal de La Laguna, con las mismas pruebas y testimonios, cambió de criterio y observó presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, lo que llevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.