Los partidos volvieron a dar un paso ayer considerable para aprobar de manera definitiva la nueva ley canaria de Servicios Sociales, aunque esta semana seguirá discutiéndose las disposiciones adicionales y la exposición de motivos de un texto que, eso sí, ha cambiado casi radicalmente respecto al que envió el Gobierno regional a la ponencia. Entre los flecos, destaca la petición del PP de que el Gobierno autónomo acabe destinando un 10% de su presupuesto a costear esta norma, de manera que quede garantizada y asentada la financiación y no dependa del voluntarismo político.

Mientras, los partidos han acordado ya la cartera de servicios de la norma y rechazaron la pretensión de Elena Luis (CC) de que el proceso de financiación de los porcentajes regionales a cada uno de los ayuntamientos pase de 12 a 16 años. Para el resto de formaciones, se trata de un periodo excesivo y, por eso, se apuesta por dejar la evolución creciente de lo aportado en 12 años.

Como se cerró en una ponencia anterior, la Comunidad acabará asumiendo el 60% de lo que implique la aplicación de la ley en los municipios de menos de 20.000 habitantes, del 50 en aquellos que, superando esa cifra, no lleguen a los 95.000, y del 40% en las ciudades de más de esa población residente, lo que cumple solo Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde.

La nueva ley sustituirá a la de 1987 y trata de actualizar un ámbito que ha progresado, se ha profesionalizado y ramificado al máximo. En principio, se llevará a comisión la próxima semana y, luego, a pleno.