El próximo lunes, la comisión de Política Territorial y Medio Ambiente del Parlamento de Canarias aprobará la nueva ley de Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) en su apartado de actividad turística. Una norma impulsada en un tiempo récord, que ha dividido la Cámara en dos bloques y que amenaza con tener un dilatado recorrido, incluso judicial, al advertirse, por parte de grupos como PSOE o Podemos, posibles apartados inconstitucionales.
Frente a este visión, su principal promotor, como también lo fue de la ley de Islas Verdes de 2016, el diputado palmero de CC Antonio Castro Cordobés, insistió ayer a El Día en que el articulado, analizado ayer en ponencia, se fundamenta en la sentencia de 2018 del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de Podemos sobre esa primera ley. Asimismo, recalca que han tenido en cuenta las sugerencias del Consejo Consultivo en su reciente dictamen y que "el 80% de las enmiendas han sido apoyadas por todos".
Sobre las alusiones a un "modelo desarrollista" o a que ahora sí existen apartados "inconstitucionales", asegura que respeta "todas las opiniones", pero insiste en que se han basado en dicho fallo y en lo apuntado por el Consultivo.
Casimiro Curbelo admite que los cabildos tendrán ahora más libertad, pero niega que los cambios posibiliten un modelo desarrollista "porque fracasaríamos, ya que lo nuestro es la sostenibilidad y los valores naturales, no repetir lo de Tenerife". Luz Reverón (PP) aún espera mejorar el texto con una enmienda transaccional, pero la izquierda lo ve casi imposible.
Nayra Alemán (PSOE) califica de "barbaridad" la ley pretendida y asegura que, "a partir de ahora, estas Islas ya no deberán llamarse Verdes". A su juicio, que se permita cualquier hotel o casa rural en suelos rústicos de protección paisajística supondrá condenarlas al desarrollismo, "encima con un proceso a toda prisa y atropellado". Por Podemos, Manuel Marrero es aún más crítico y habla de "pacto del hormigón". Critica que se "trampeen" las normas, que se le dé potestad total ahora a unos cabildos "que no han aprobado los planes insulares" y, defendiendo el derecho de esta islas a progresar, que lo que venga sea la imitación del modelo destructor de otros sitios en un suelo que debe ser básicamente agrícola.