El Gobierno regional ha insistido este lunes en que ya tiene su hoja de ruta para que la Renta Canaria de Inserción (PCI) se convierta en una Renta Canaria de Inclusión y rechaza "otros modelos más populistas" que supondrían romper el consenso alcanzado en la Mesa de Concertación Social.

Por ello, el Consejo de Gobierno se ha manifestado este lunes en contra de tramitar la proposición de ley número 37 impulsada por Nueva Canarias, como ya hizo con las propuestas 33 y 34 de los grupos de Podemos y Nueva Canarias, ha informado la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido (CC).

La Consejería, junto con otros organismos y agentes sociales y económicos, considera que es fundamental realizar la transición hacia la Renta Canaria de Inserción a través de la modificación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), tal y como se acordó en los undécimos acuerdos de Concertación Social, ha dicho Valido.

En ese acuerdo, consensuado con los agentes sociales y económicos del archipiélago, se especifica que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, consagrado en el articulo 24 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe llevarse a cabo la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual.

El Gobierno ha hecho "un análisis muy realista de la situación" y "acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los undécimos acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales", según Valido.

La iniciativa de Nueva Canarias, en su articulo 4, propone dos modalidades, una de ellas, la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, dirigida a personas que no dispongan de ingresos suficientes procedentes de las rentas del trabajo o de pensiones contributivas o no contributivas.

La otra es la modalidad de "renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo", dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia, que aun disponiendo de rentas del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica de ciudadanía establecida en la primera de las modalidades citadas.

Además, cuando no se trate de pensionistas, la primera de las modalidades se articularía como una prestación económica condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral.