El Ministerio para la Transición Ecológica publicó ayer el borrador del Real Decreto que permitirá al Gobierno central conceder, de manera directa, los 8 millones para compensar el precio del agua para riego agrícola en Canarias incluidos en el presupuesto de 2018. Se cumplirá así con una de las exigencias del Gobierno regional, que reclama también los 8 millones de 2019, una vez prorrogados los presupuestos estatales del año anterior por no prosperar el proyecto económico de Pedro Sánchez.

Este dinero forma parte de una enmienda presentada por Nueva Canarias a los presupuestos de 2017 (6 millones) y que, en 2018, se elevó a 8. A primera hora de ayer, la cadena Cope difundía unas declaraciones del secretario general y candidato socialista a la Presidencia regional, Ángel Víctor Torres, en las que se daba por hecha la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el propio Torres aclaraba luego que, en realidad, la publicación se había dado en el ministerio de Transición Ecológica, que se abría así el preceptivo periodo de información pública de 15 días para su posterior refrendo por el Consejo de Ministros. Una vez aprobado por el Ejecutivo, sí se dará su publicación en el BOE y su entrada en vigor.

Ya en una nota oficial emitida al mediodía, Torres aplaudió que se haya encontrado una solución a este dinero pendiente, "tal y como se había comprometido el Gobierno central". Además, subrayó que habían realizado desde Canarias "todas las gestiones necesarias con la mayor rapidez y desde la máxima coordinación" entre los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica y Hacienda para que, al final, se cumpla con este compromiso con el sector primario del Archipiélago.

El candidato del PSOE remarca también que su partido en las Islas "siempre consideró justa y legítima esta reivindicación de los agricultores canarios, además de tratarse de un derecho blindado en el actual Régimen Económico y Fiscal (REF) y en el Estatuto de autonomía".

Lo que no tiene claro Torres, a diferencia del Gobierno regional y según señaló ayer a El Día, es si la prórroga de los presupuestos estatales de 2018 para 2019 implica la inclusión automática de otros 8 millones. El consejero de Agricultura y Aguas, Narvay Quintero, así como la responsable de Hacienda, Rosa Dávila, sí lo tienen claro y lo dan por hecho y obligado.

El decreto, en línea con lo negociado en su momento con el Gobierno de Rajoy, alude al interés del Gobierno en que los agricultores accedan a un precio para el agua de desalación, de extracción de pozos o de galerías para el riego que sea "más asumible, contribuyendo de este modo a garantizar una gestión eficiente" con una concesión directa de una subvención. Para ello, se asume la necesidad de medidas "excepcionales" y se reconoce también que existen "razones de interés público y social de primer orden que justifican la concesión de esta subvención".

INFORMACIÓN en págs 22/23