El Gobierno de Canarias ha negado fiabilidad al dictamen del Observatorio de Dependencia que sitúa a la comunidad a la cola de España en atención a los dependientes, porque "obvia datos fundamentales" para valorar la gestión de la dependencia en Canarias.
En un comunicado, el ejecutivo acusa a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de no entender el sistema administrativo del archipiélago y de "denostar una gestión que a todas luces ha ido mejorando y tomando impulso".
La directora general de Discapacidad y Dependencia del Gobierno de Canarias, Eulalia García Silva, ha asegurado en el comunicado que el propio informe señala crecimientos en atención del 11,4%, un incremento de servicios en un 10,69% entre 2017 y 2018 y un crecimiento del 11,54% en atendidos con cuidados.
Destaca la directora general que el informe también muestra que el gasto público anual promedio por dependiente atendido en Canarias "está muy cerca de la media", 6,341 euros frente a 6,58.
"No puede ser fiable un informe que sólo refleja lo que le interesa reflejar, dejando fuera importantísimas aportaciones y mejoras de datos que soslayan", asegura García Silva, quien afirma que se parte de "una base de carencia estructural general" por los recortes del Estado hasta 2016.
García Silva no entiende que el informe afirme que el coste total del sistema de dependencia en Canarias es de 177 millones de euros, de los cuales la comunidad aporta 118 millones y solo el 20% restante lo hace el Estado.
"Sólo en los convenios con los cabildos, el año pasado el Gobierno de Canarias aportó 104 millones de euros; más la financiación de los propios cabildos, ya hacen unos 160 millones, más 30 millones en prestaciones de financiación propia, excluyendo la aportación del Estado, son 190 millones de euros", matiza la directora general.
A eso "habría que añadir el importe que se da vía subvención a las entidades que trabajan con dependientes y personas con discapacidad, que son otro tipo de servicios".
"En 2018 se invirtieron más de 22 millones de euros en la aportación plurianual para la construcción de las 5.500 plazas que contemplan los convenios con los cabildos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias", agrega.
Para la directora general, se trata de "errores muy graves detectados a vuelapluma", a la espera de analizar el informe más detalladamente.
Tampoco admite la representante del Gobierno que se hable de "descoordinación entre las administraciones", pues hay convenios con los cabildos y se está negociando una mayor implicación de los ayuntamientos.
García Silva acusa a los redactores del informe de olvidar "datos tan importantes como que el sistema generó 55,9 millones de euros provenientes de las cotizaciones" de la Seguridad Social o el IRPF.
"Son casi 12 millones más de lo generado en 2016 y es una tasa de recuperación del gasto público del 37,79%", subraya.
"Se financian más de 420.000 horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía; además de la parte correspondiente del año de la inversión de más de 260 millones de euros para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que dotará a Canarias de más de 5.500 plazas", agrega el ejecutivo.