El Gobierno de Canarias presentó el pasado miércoles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, un incidente de ejecución de sentencia del convenio de carreteras, por el incumplimiento de las sentencias y del acuerdo extrajudicial respecto a las anualidades correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, y por importe total de 991,6 millones.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, quien ha señalado que se ha optado por "empezar desde cero" ante la "más mínima predisposición" del Estado de "abonar" las cantidades pendientes.

Dávila ha lamentado que no se haya alcanzado un acuerdo con el Estado sobre la totalidad de la cuantía de convenio de carreteras --la sentencia del Supremo fijaba 845 millones más intereses-- cuando el Gobierno canario lo han intentado "por todos los medios".

"No vamos a permitir que se reste ni un euro a Canarias", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que "si hay voluntad política" no habrá "ningún problema" para alcanzar un acuerdo.

No obstante, ha acusado al Estado de realizar afirmaciones "muy graves" pues es "falso" que el Gobierno regional haya renunciado a uan parte de los recursos, salvo que "en aras del buen rollito", no incluyó el coste de los intereses en la reclamación.

"Se han cerrado a una solución pacífica y hemos tenido que hacer nuestro trabajo, que es reclamar el dinero que le pertenece a las carreteras canarias", ha subrayado.

La consejera ha explicado también que la deuda, que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años, ha obligado a que la Comunidad Autónoma haya tenido que aportar fondos propios, que ha restado a otras políticas de gasto, para sufragar unas actuaciones que debían ser financiadas por el Ministerio.

De hecho, en el periodo 2012-2016, Canarias realizó actuaciones en materia de carreteras por importe de 805,09 millones de euros, mientras que las transferencias realizadas por el Ministerio fueron solo de 325,3 millones.

La consejera recordó también que el acuerdo extrajudicial alcanzado entre Canarias y el Estado incluía una cláusula, concretamente la quinta, en la que se especificaba que ni la ejecución del acuerdo ni los empleos computarían de cara al objetivo de estabilidad presupuestaria.

OBRAS EN MARCHA A FALTA DE 100 MILLONES

El incumplimiento del Gobierno de España con Canarias ha provocado que en este momento haya obras en ejecución, con importes comprometidos por el Ministerio, para las que aún faltan por llegar 100,5 millones de euros.

Este es el caso de la obra de Pagador-Guía y la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (Tamaraceite,-Tenoya-Arucas Costa), ambas en Gran Canaria; del tramo La Caldereta-Corralejo del Eje Insular y del tramo Costa Calma-Pecenescal, en Fuerteventura; de la segunda fase del tramo Avenida Tres de Mayo-Guajara, en Tenerife; y del tramo San Simón-Tajuya y del tramo de acceso al Puerto de Tazacorte, en La Palma.

A ellas hay que sumar otras obras 14 obras, por importe de 607,7 millones que están contempladas en el Convenio de Carreteras y cuya ejecución no ha podido iniciarse ante la falta de fondos.