El Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna ha citado a declarar el próximo 15 de marzo al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en calidad de investigado por el caso Grúas. La decisión de la magistrada de La Laguna, Celia Blanco, en este enrevesado proceso se produce a tres meses de las elecciones regionales y cuando está aún pendiente de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronuncie sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por la defensa del presidente, en un procedimiento donde aún no hay una resolución en firme sobre el órgano judicial competente para el caso.
La causa ha pasado por un intrincado procedimiento: en una primera fase se archivó sin que se apreciara ningún delito. En una inhabitual resolución la Audiencia Provincial de Tenerife, tras un recurso, ordenó con posterioridad que se reabriera para practicar más diligencias. Tras meses de demora y estancarse el caso, la Fiscalía, sin nuevas pruebas y sobre los mismos hechos, vio luego delitos de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos donde antes no los hallaba.
En el TSJC la Fiscalía vuelve a no encontrar ningún delito en la gestión de Clavijo pero el informe no se entrega a la espera de que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que suprime los aforamientos, en una maniobra dilatoria para que la causa permanezca en el juzgado de La Laguna. Y hace seis días se forzó de nuevo un cambio de criterio por parte del ministerio público para impedir que la Sala de lo Penal eleve la causa al Supremo, dadas las controversias sobre el órgano judicial competente para investigar.
"Era previsible", aseveró ayer Fernando Clavijo tras conocer la citación. "Por fin podré explicar cuál es el asunto ante su señoría". Hasta ahora el presidente no ha sido investigado ni llamado a declarar en una causa que, precisó, "todo el mundo sabe que es una denuncia política de Nueva Canarias y Podemos". Clavijo recordó que ha dado detalladas "explicaciones públicas y en sede parlamentaria", en donde ha defendido con una extensa documentación que no se cometió ninguna ilegalidad cuando era alcalde de La Laguna en la concesión de un préstamo a una empresa de grúas, en 2014, para que no se suspendiera el servicio de recogida de vehículos, una actuación que recibió, además, el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Consistorio. El crédito fue devuelto en tiempo y con intereses.
Por todo ello, el presidente espera "que se resuelva cuanto antes" esta denuncia de dos grupos de la oposición del Ayuntamiento de La Laguna para que "no interfiera en la vida política".
Aforamiento.- Los abogados del presidente entienden que persiste su condición de aforado, aunque el Estatuto de Autonomía aprobado el 6 de noviembre suprima los aforamientos del Gobierno, y consideran que, por tanto, es el TSJC quien debe instruir el procedimiento y no el juzgado de La Laguna.
Este lioso proceso, que transcurre entre intrigas judiciales y en una maraña política que atrapa al presidente a tres meses de las elecciones, cuenta con un nuevo episodio protagonizado otra vez por la Fiscalía Superior de Justicia de Canarias, que ha forzado un cambio de opinión sobre el caso. En esta ocasión, el teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, encargado de las actuaciones en esta causa, redactó el 21 de febrero un escrito en respuesta al recurso de casación de la defensa de Clavijo contra el auto de la Sala de Lo Penal del TSJC que señala al juzgado de La Laguna como el competente en el procedimiento.
El teniente fiscal emitió un informe en el que, según ha podido saber este periódico, aconseja enviar el caso al Tribunal Supremo para que determine quién es el órgano judicial que ostenta las competencias: si el TSJC o el juzgado de La Laguna. Para ello se basa en que es un caso "históricamente novedoso" en España como consecuencia de la "relevante problemática planteada" sobre la jurisdicción, al entrar en vigor una ley -el Estatuto de Autonomía de Canarias- que, por primera vez, suprime los aforamientos al Gobierno en medio de un procedimiento que implica a un presidente, y que afecta a su tutela judicial efectiva.
Estos argumentos sobre la singularidad del procedimiento fueron esgrimidos en dos informes -del 8 de noviembre y del 11 de diciembre- de la propia Fiscalía Superior de Justicia, avalados por el fiscal jefe, Vicente Garrido. Pese a que el teniente fiscal en un primer momento plantea el 21 de febrero enviar el caso al Supremo para que dilucide la jurisdicción, el fiscal jefe, después de conocer el escrito de su número dos, ordena corregir el texto. El nuevo documento se entrega el día 22 de febrero, en el cual se rechaza el recurso de casación de la defensa de Clavijo alegando que es irrecurrible, como establece el auto de la Sala de lo Penal. No se ve la necesidad de llevar el polémico caso al Supremo pese a que el propio teniente fiscal en un informe anterior dejó esta vía abierta.
Este segundo escrito ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado, bajo el principio de unidad de actuación del ministerio público, que tiene hasta el 8 de marzo para enviarlo al TSJC a fin de que conteste al recurso de casación de la defensa del presidente.
En octubre del pasado año la Fiscalía también cambió de criterio sobre esta causa al omitir un informe inicial suyo en el que no se apreciaban indicios de delito de Clavijo. En concreto, en septiembre del año pasado Demetrio Pintado, al llegar al TSJC la causa desde el juzgado de La Laguna por el aforamiento del presidente, realizó una investigación cuyas conclusiones entregó al fiscal superior Vicente Garrido. La petición era concluyente: cerrar el caso Grúas. No se veían indicios de delito -ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación- en la gestión del ahora presidente del Gobierno cuando era alcalde de La Laguna. El estudio fue supervisado por el secretario técnico de la Fiscalía estatal, Fernando Rodríguez Rey, en cuyo departamento se mantuvieron retenidas estas conclusiones a la espera de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias. Una maniobra dilatoria para propiciar que con el nuevo texto estatutario en vigor Clavijo perdiera su condición de aforado. Dos días después de la aprobación del Estatuto, la Fiscalía declaró en otro informe que el TSJC no era competente y obvió el primer escrito absolutorio. Posteriormente, la Sala de lo Penal hizo suyas en un auto las tesis de la Fiscalía, aunque con el voto contrario del presidente del TSJC, Antonio Doreste, que defiende que este tribunal es el competente. Ante un recurso de súplica de Clavijo a ese auto, la Fiscalía volvió a dar una vuelta de tuerca a sus argumentos y en otra inaudita resolución del 11 de diciembre sostuvo que la causa de Clavijo nunca había llegado al TSJC porque nunca se instruyó ninguna diligencia y, por tanto, nunca había salido de La Laguna. Pese a ello se mostró proclive a que una instancia superior "resolviera la relevante problemática planteada" sobre las competencias. Estas sorprendentes conclusiones también fueron acuñadas por la Sala de lo Penal en su último auto del 8 de febrero, con el voto particular nuevamente contrario de Doreste, quien argumentó que los propios informes de la Fiscalía demostraban que el TSJC abrió un procedimiento sobre este caso y volvió a defender que era el órgano competente para instruir la causa. Ante toda esta maraña competencial y de informes cambiantes, el juzgado de La Laguna ha optado por llamar a declarar a Clavijo, un tribunal donde la juez y el fiscal también cambiaron sorpresivamente de criterio. Cuando les llegó la denuncia de Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, en abril de 2017, contra Clavijo - siendo ya presidente del Gobierno- decidieron un mes y medio después el archivo de la causa. La Audiencia Provincial de Tenerife ordenó reabrir el proceso al considerar que se sobreseyó de forma "precipitada". Entonces la Fiscalía y el juzgado de La Laguna modificaron su opinión inicial, vieron indicios de delito, y en agosto de 2018 remitieron el asunto al TSJC al ser Clavijo aforado.
Fernando Clavijo
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE CANARIAS