El Gobierno canario pedirá al Ministerio de Fomento que inste a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a actuar de oficio si detecta que la bonificación del 75% al transporte de residentes en las Islas ha conllevado una subida artificial de precios. Así lo acordó ayer, en consejo, el Ejecutivo autonómico por iniciativa de su vicepresidente y consejero de Transportes, Pablo Rodríguez (CC), después de que el pasado viernes el presidente de la CNMC, José María Marín, advirtiera en el Parlamento isleño de que subir las bonificaciones produce precios más altos y mayores beneficios para las empresas.

Rodríguez pedirá por carta al ministro José Luis Ábalos, que, "en aras a esclarecer la comparecencia de Marín en la Comisión de Economía del Parlamento de Canarias", exija a la CNMC que elabore un análisis de los precios que han regido desde que la bonificación al transporte aéreo y marítimo de residentes se elevó del 50 al 75% y que "actúe de inmediato" en el caso de confirmarse esta inflación.

"Tenemos que recordar a Marín que precisamente ese es su trabajo: velar por que no haya un incremento artificial de los precios, que no haya acuerdos entre compañías y que, por lo tanto, el descuento de residentes vaya directamente al bolsillo de las personas que viven aquí", indicó la portavoz del Ejecutivo canario, Rosa Dávila (CC), en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo.

Para la también consejera regional de Hacienda, "si el organismo que está llamado a velar por que no haya un incremento artificial de los precios dice que pueden subir y no actúa de oficio, está haciendo una invitación a las compañías para que puedan subir libremente los precios".

Relacionado también con el transporte, el Ejecutivo aprobó ayer autorizar el pago de 8 millones de euros a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife en concepto del restante necesario para financiar el Bono Residente Canario para el transporte terrestre público regular de viajeros.

Los dos cabildos recibirán exactamente la misma cantidad: 4 millones cada uno, que salen de fondos propios del Ejecutivo. Esta cantidad también está destinada a la puesta en marcha e implementación de medidas específicas para coordinar la movilidad de los residentes en Canarias, con el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), y de actuaciones de sensibilización, publicidad y divulgación vinculadas con la política del bono.

Asimismo, y como se preveía, ayer se respaldó la reforma del decreto que regulaba desde 2011 las condiciones de los locales, urnas, papeletas, sobres y demás elementos materiales que deben utilizarse en las elecciones al Parlamento de Canarias. La gran novedad es que habrá dos urnas, con papeleta sepia para los escaños por Isla y amarilla para la nueva lista regional.

Además, se licitará por 4,1 millones la mejora y ampliación de la red cableada de datos de los centros educativos de las Islas. Asimismo, Canarias cederá gratuitamente a La Rioja un programa para procesar datos estadísticos que ha desarrollado el Instituto Canario de Estadística (Istac).

Luz verde a la Ley de Cooperativas

La nueva Ley de Cooperativas de Canarias fue elevada al Parlamento autonómico. El nuevo texto pretende convertirse en el instrumento adecuado para conferir seguridad jurídica a las sociedades cooperativas, así como a sus entidades asociativas, constituyendo la primera ley de cooperativas de Canarias que se aprueba depués de que se produjera la asunción de competencias en esta materia por la comunidad autónoma.

Un órgano para la evaluación ambiental

El Consejo aprobó un decreto para crear el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único, así como su reglamento de organización y de funcionamiento, previsto por la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Cuatro millones para la conectividad en las aulas

Se autorizó la licitación de un expediente valorado en más de 4,1 millones de euros para contratar Servicios de ampliación, adecuación y mejora de las infraestructuras de red de datos y eléctrica de determinados centros públicos educativos de la Consejería de Educación y Universidades, y el soporte a la gestión y seguimiento de las actuaciones.

El Consejo de Gobierno aprobó también el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) para el periodo 2019-2021 como instrumento de planificación estratégica de la Agencia. El documento prioriza completar la dotación de la plantilla, de la que actualmente hay ocupados 437 puestos, frente a los 475 que estaban cubiertos en el momento de iniciar su andadura. Su objetivo es llegar a los 800 efectivos, por lo que se plantea contratar 385 en este periodo de tiempo.

Aunque este es su objetivo principal, el contrato de gestión también fija las metas para el logro de sus objetivos a largo plazo y regula los términos en que el Gobierno de Canarias ejerce la dirección, impulso, coordinación, ordenación, planificación y supervisión de la Agencia, así como la actuación a desarrollar por la misma. El segundo objetivo es maximizar la eficacia y la eficiencia en la gestión tributaria, aplicando las normas tributarias y realizando las actuaciones necesarias no sólo para optimizar la recaudación y los recursos disponibles. Asimismo se busca estimular y facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y perseguir y sancionar el incumplimiento.