El Gobierno de Canarias ha presentado varias quejas ante el Ministerio para la Transición Ecológica en las que le insta a solucionar la situación que se está generando entre los consumidores del archipiélago que no pueden acceder al descuento en su factura de electricidad, al que tienen derecho por Ley.

Al respecto, el viceconsejero de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Francisco Candil, indicó que desde que entró en vigor la nueva normativa del Bono Social, "Canarias advirtió del problema de gestión del proceso para acceder a este descuento en la factura de luz de las familias que lo necesitan".

Añadió que, muestra de ello, es que ahora "el 90 por ciento de las reclamaciones que llegan a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno canario están motivados por la imposibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica de comprobar los datos de los consumidores" en su aplicación informática, ya que la comercializadora de referencia introduce los mismos en dicha aplicación pero "ésta responde desfavorablemente", según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Candil ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión con el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, y el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja, para analizar la situación y estudiar qué medidas de mediación se pueden llevar a cabo.

Agregó que en febrero de este año se han denegado un total de 26.110 solicitudes por problemas de comprobación de la documentación introducida en el aplicativo. Por ello, Piernavieja incidió en que han remitido escritos alertando de esta situación a la Dirección general de Política Energética del Estado y a la Dirección general de Consumo del Ministerio de Sanidad".

A su entender, la solución pasa por simplificar el modelo de gestión del bono social para facilitar las cargas administrativas a los interesados y por la coordinación entre los Ministerios involucrados.

El Bono Social es un descuento en la factura de la luz regulado y financiado por las comunidades autónomas. Con la entrada en vigor, en octubre de 2017, del Real Decreto 897/2017 cambiaron los requisitos para tener derecho a la ayuda y se incorporó una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales.