El vicepresidente de Canarias y consejero de Carreteras, Pablo Rodríguez, elevó ayer de 600 a 800 los millones que su departamento licitará durante el primer trimestre de este año en obras de reforma o nueva carretera de las Islas, con lo que habrá fijado destino al 70% de los 1.200 millones firmados el pasado 22 de diciembre del nuevo convenio con el Estado, que tiene de plazo hasta 2026.

Rodríguez ya había indicado hace un mes que el 50% de esos recursos pasarían a ser licitados en estos tres primeros meses con obras como la segunda fase de La Aldea; el cierre del anillo de Tenerife; el tramo La Calderera-Aeropuerto (Fuerteventura) o Los Llanos-Tijarafe (La Palma). Sin embargo, y en la continuidad del pleno regional, en la mañana de ayer subió la cifra en 200 más al incorporar más iniciativas, lo que cree un balance bastante positivo. Además, anunció que, para el tramo del anillo de Santiago a El Tanque, "la obra más cuantiosa del país ahora", aspiran seis ofertas.

El también responsable de Puertos compareció a petición del PSOE, que, como la mayoría de grupos, le censura su nivel de ejecución de obra, y más contando con más dinero que en el pasado o con un nuevo convenio. De hecho, y pese a una afonía que le impidió desenvolverse con su habitual intensidad, Patricia Hernández le reprochó que, a 30 de octubre, apenas ejecutase 16 millones de los más de 300 con los que contó para vías, si bien Rodríguez volvió a matizarle que la partida global era de 101. La diputada socialista le afeó, sobre todo, que esa cantidad por obra certificada fuera de 0 euros en Tenerife y El Hierro o de poco más de 3.000 en Lanzarote, en contraste con los 6 millones en La Gomera o con el hecho de que solo en esta isla se ejecutaran actuaciones de mejora de la seguridad.

Rodríguez le pidió que fuera más cauta con esos 16 millones, dado que, si bien se trata de datos oficiales de su consejería, aún faltan los dos últimos meses de 2018 por computar, etapa en la que suele incrementarse bastante la partida ejecutada. Es más, a la espera de la confirmación de la Consejería de Hacienda, confía en alcanzar el 75% de ejecución en su área.

Sus argumentos, no obstante, no convencieron a grupos como Podemos, que le sigue reprochando, además, los desfases entre los gastos iniciales en cualquier carretera y los finales, con modificaciones o añadidos, así como la falta de información oficial en muchos casos. El PP criticó lo ocurrido con el convenio con el Gobierno central, pero tampoco obvió el nivel de ejecución del regional, mientras que NC se alineó con las críticas de Hernández y ASG puso hincapié, como el propio Rodríguez, en la necesidad de una buena planificación en movilidad porque las obras, de por sí, no solucionarán los problemas de congestión o colapso en ciertas vías.

Hernández también le criticó por sostener que ya habían comenzado las obras en la Tf-1 (Chafiras-Oroteanda) cuando, en realidad, solo se ha contratado la seguridad para el acopio de material, lo que considera un posible malgasto de dinero. Rodríguez lo negó y aclaró que justo ayer se reunió la mesa de contratación del contrato de seguridad y control de la obra, subrayando que fue en diciembre cuando se firmó el acta de replanteo y que, ahora, se ultiman los trámites ambientales y se ejecutan trabajos topográficos.

Asimismo, reiteró que, del convenio anterior de carreteras, el Ejecutivo, en realidad, ejecutó un 130% de lo previsto entre 2012 y 2016. Y eso pese a los recortes que originaron el fallo, ya que emplearon a 1.455 millones en 40 obras, cuando la partida era de 1.000.

Ya por la tarde, los grupos respaldaron una moción del PP para que se cumpla con el convenio, lo que permitió a CC insistir en sus críticas al recorte de 345 millones de la sentencia por los incumplimientos del PP, a los populares a reiterar el cambio en el trato y al PSOE, Podemos y NC a insistir en la deficiente gestión de CC.

CC cree que una PNL del PSOE sobre urgencias avala a Baltar

Un pleno que en su sesión del martes concluyó con una PNL de CC enmendada por Podemos y apoyada por todos para incrementar los controles de productos fraudulentos que llegan a Canarias estuvo marcado ayer por el consenso. Lo más curioso es que, tras la intensa tarde del martes sobre urgencias sanitarias, CC le dio la vuelta a las críticas de la oposición al respaldar, como los demás, una PNL del PSC sobre esto. A Guadalupe G. Taño, en claro tono irónico, le parecieron acertadas pero insuficientes las propuestas de Iñaki Lavandera, recalcó que ya las contempla el plan y que deja fuera otras, por lo que lo concibió como un aval a la gestión de J. M. Baltar.

"Brexit", pobreza, emprendedores, voto emigrante, gatos...

El consenso no impidió que la sesión llegase a las 17:30 horas y que diera para mucho. Por ejemplo, para que el consejero de Economía dejase claro que, de una u otra forma, el "brexit" afectará a Canarias y que tratan de minimizarlo en los vuelos y agricultura. También se reiteraron críticas a la política social pues, según NC, el mandato se cerrará con un 40% de pobreza cuando comenzó con un 37,9, si bien CC resalta la mejora. Valido también subrayó los casi 2.000 emprendedores ayudados en 2017 y 2018, todos respaldaron que se modifique el voto rogado de los emigrantes y se apoyó la PNL del PP para controlar las colonias urbanas de gatos. El disenso se dio con la PNL de Podemos y NC contra la violación de derechos humanos en el Rif, no apoyada por CC y PP y con abstención del PSC.

Podemos critica el boicot del Gobierno a su renta ciudadana

A media mañana, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, convocó a los medios para denunciar lo que cree un boicot del Gobierno de CC a su propuesta de ley de renta ciudadana, al ni siquiera permitir su debate bajo el argumento de que afectaría a las cuentas. Como le ha pasado con la mesa de la Cámara, recurrirán al Constitucional para defender sus derechos.