La segunda reforma a la que se somete en esta legislatura la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma -conocida como ley de las islas verdes- se tramita en el Parlamento sin excesivo consenso -la apoyan CC-PNC, PP y ASG y la cuestiona el resto de grupos- y con un dictamen del Consejo Consultivo que, aunque avala su adecuación a la Constitución y el Estatuto, introduce dudas sobre las garantías ambientales que prevé.

La proposición de ley impulsada por CC-PNC y ASG incluye algunos aspectos que el órgano encuentra discutibles. Es el caso de la consideración como uso ordinario de los establecimientos de hasta 200 plazas en suelo rústico. "Insistimos en la idea de la necesaria preservación de los valores ambientales", apunta el Consultivo, que advierte de que el suelo de protección agraria "no puede ser desvirtuado con usos principales de otra naturaleza", por lo que es preciso que el uso turístico sea siempre complementario.

El dictamen apunta a la conveniencia de que, al regular los establecimientos de turismo rural -que el nuevo texto permite sin requisitos de antigüedad del inmueble-, la ley aclare que se podrán acoger los proyectos que "cumplan las condiciones establecidas para la respectiva categoría de suelo rústico", una precisión que el Consultivo extiende a las viviendas vacacionales, autorizadas en cualquier suelo.

"Los usos impropios del suelo rústico están condicionados siempre a la utilización racional de los recursos naturales, y si el suelo tiene protección por sus valores ambientales, culturales, históricos, científicos o paisajísticos, queda sometido a la preservación de esos valores con preferencia a los objetivos de cualquier otra planificación territorial o sectorial", argumenta el Consultivo.

Otro reparo tiene que ver con la posibilidad de que el Gobierno establezca "regulaciones específicas sobre cualquier tipología turística" en estas islas por encima de la "normativa general", un precepto que, a su juicio, "vulnera el principio de legalidad y jerarquía normativa" y es, por tanto, contrario a derecho.

Los cabildos de El Hierro, La Gomera y La Palma defendieron ayer, en el seno de la comisión parlamentaria que reúne a las corporaciones insulares, la necesidad de acometer la revisión de la ley para "frenar la despoblación", dar oportunidades económicas a sus habitantes y reducir la "dependencia" del sector agrario. "Dejen a la gente que nace en La Gomera tener alguna posibilidad de empleo y de ganarse la vida en su isla", dijo el presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo.

Entre los grupos se dibujan dos frentes. NC, Podemos y PSOE rechazan la redacción actual de una ley que "entra a saco en el suelo rústico sin apenas limitaciones", dijo Román Rodríguez (NC). CC y ASG, sus promotores, más el PP, la ven necesaria. Antonio Castro, de CC, aseguró que la ley es "más rigurosa que la normativa canaria".