Además de cornudo, apaleado. En este caso, apaleada. El viejo refrán vale para contar una situación que se produce a diario. La protagonista es Manuela, residente en la periferia del municipio de La Laguna. Conductora desde hace años, tiene 76 y un 68% de discapacidad diagnosticada. Asegura que "me muevo mucho con mi vehículo" y su testimonio es vergonzante para quienes, además de ocupar una plaza reservada a la movilidad reducida (PMR), responden al lógico reproche con insultos y, además, con una supina ignorancia de la legislación.
"Cada semana -apunta la protagonista de esta historia-, me encuentro con las plazas PMR ocupadas por gente joven sin ningún problema de movilidad".
Un ejemplo en Santa Cruz: "Centro de salud Doctor Guigou. La plaza PMR del hospital de atención primaria ocupada durante veinte minutos por el furgón de una conocida empresa de paquetería exprés. Sin cortarse".
Ejemplo número 2, en este caso en La Laguna: "Hipermercardo en Las Canteras, con todos los aparcamientos ocupados por repartidores. Los empleados te dicen que no es asunto suyo y que pueden aparcar donde quieran".
Tercer y reciente episodio: "El pasado día 8 de enero en una gran superficie de Los Majuelos. Ocupadas todas las plazas uso una pegatina que pone Ponte en mi lugar, no en mi sitio". Por detrás se explican claramente los derechos de las personas con discapacidad y el texto acaba con una frase: "Cambiar esto es posible. La accesibilidad es nuestro derecho y nuestra responsabilidad".
Y el lunes pasado, epílogo por ahora a esta triste historia, en el mismo último escenario: "Escribí en un papel blanco y lo puse en el parabrisas este texto: Sin vergüenza. ¿La tarjeta azul?". Respuesta: "Tiraron el papel y debajo escribieron P... ignorante". Manuela se pregunta "quién es más ignorante. La persona que tiró el papel o aquellas que respetan a quienes tenemos problemas de movilidad?". Ahí queda la pregunta.
Proceso para un legislación clara
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicaba el pasado mes de diciembre de 2018 el anuncio de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias que abría una consulta pública previa a la adaptación de la normativa básica estatal a la autonómica en materia de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. El documento resultante establecerá "las situaciones en que procede su concesión y determinará sus características sobre seguridad y el control de su utilización por medios tecnológicos". En palabras de la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García, una legislación "que permita unificar los criterios entre todos los agentes implicados, incluidos los ayuntamientos que sancionan, frenar el fraude e incluir a las personas jurídicas para que los medios de transporte colectivo de personas puedan acceder a la reserva". Una normativa clara y, sobre todo, contundente con los que no la cumplan.
"Todo lo que le cuenten es poco porque hemos visto de todo. Quienes para dar el pecho al niño o hablar por teléfono creen que tiene derecho a hacerlo en plaza PMR". Lo resumieron ayer así desde Queremos Movernos. Recuerdan que "los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida están regulados por el Real Decreto1056/2014, en el que se establecen , además, las condiciones de uso y tenencia de las tarjetas que acreditan que se pueden ocupar esas plazas. Según se recoge en el decreto, debe existir una reservada por cada cuarenta y, además, en los núcleos de actividad se debe incrementar esa cifra". Añaden que "en la isla ninguno de los 31 municipios cumple esa ratio y, además, la ciudadanía, en líneas generales, no respeta la normativa, no solo ocupando las plazas indebidamente, sino haciendo uso fraudulento de las tarjetas". Desde Queremos Movernos "pretendemos denunciar estos hechos y hacer un llamamiento a las autoridades municipales para que cumplan su obligación legal y completen el número de plazas necesarias. Asimismo pedimos a la ciudadanía que no se utilicen esas plazas si no se es titular del derecho. Denunciamos que crece el número de empresas que utilizan esos sitios como zonas de carga y descarga cuando no lo son". Por último, "rechazamos el uso fraudulento de las tarjetas, efectuado principalmente por familiares y amigos de las personas con discapacidad, para los que pedimos aplicar de manera severa el reglamento de infracciones, además de las consecuencias legales que pueda tener la falsedad en documento público o la suplantación de identidad, cuando se utilizan falsificaciones o se usan sin que el titular esté en el vehículo".