El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha advertido hoy de que "especular no es una función pública ni es de interés público", durante la presentación en comisión parlamentaria de un informe sobre la contratación de "swaps" por parte de los ayuntamientos canarios entre 2009 y 2011.

El informe fue remitido por la Audiencia de Cuentas al Parlamento de Canarias en diciembre de 2016, pero no ha sido hasta enero de 2019 cuando la Comisión de Presupuestos ha incluido en su orden del día la presentación y debate de esta fiscalización.

Los "swaps" son instrumentos financieros derivados, "un producto complejo y de alto riesgo" en el que se trata de cubrir un eventual aumento de los tipos de interés, pero en el que la ganancia para el cliente, en este caso los ayuntamientos, es más limitada si los tipos suben que las pérdidas en el caso de que bajen, indicó Pacheco.

La venta de estos productos derivados por parte de las entidades financieras comenzaron en 2004, antes de la crisis bancaria de 2008, y muchas veces eran los bancos los que condicionaban determinadas operaciones a que se formalizaran de forma complementaria estos contratos, dijo Pacheco en la comisión.

En el caso de este informe, se fiscalizó a todos los ayuntamientos de las islas, si bien en el periodo de 2009 a 2014 solo quedaban pendientes dos operaciones financieras con "swaps", una del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote y otra del Ayuntamiento de Gáldar.

En el caso de San Bartolomé de Lanzarote, no hubo coste para las arcas municipales porque se pudieron compensar las cantidades asignadas a estos contratos, pero en el caso de Gáldar las pérdidas superaron los 957.000 euros, si bien el Ayuntamiento impugnó el caso ante los tribunales.

Pedro Pacheco explicó que en estas actuaciones municipales "se prescindió del procedimiento legal establecido en cuanto a la competencia para adoptar los acuerdos y el seguimiento de la normativa de contratación".

No consta justificación que acredite la necesidad de la permuta financiera realizada ni ningún análisis de riesgo o de posibles perjuicios o beneficios de las operaciones, abunda el informe de la Audiencia de Cuentas.

En el caso de Gáldar, las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas, de ámbito estatal, por si hubiera responsabilidades, pero el caso fue archivado tras la apertura de un expediente de información.

Los grupos parlamentarios criticaron estas actuaciones especulativas con fondos de los contribuyentes y algunos, como Podemos y el PP, cuestionaron que no haya consecuencias para sus responsables.

"Nada de borrón y cuenta nueva", dijo la portavoz de Podemos, Noemí Santana, para quien en la contratación de estos productos especulativos "no se han respetado principios de legalidad, transparencia ni buena gestión exigibles a cualquier responsable público".

Para Santana, son operaciones de alto riesgo que podrían tener consecuencias penales "por poner en riesgo el interés público y el dinero de los contribuyentes", y citó casos en otras administraciones, como en la empresa publica autonómica de viviendas, Visocan.

José Tomás Estalella, del PP, se preguntó si la suscripción de estas operaciones especulativas con el dinero de los ciudadanos "era una cuestión de inconsciencia o de incompetencia" y lamentó que no haya consecuencias para los responsables de estos "desfalcos" más allá de pasar "un mal trago" el día que se debate esto en el Parlamento.

Elena Luis, de CC, coincidió en que estas operaciones "no respondían al interés general", aunque luego se acordaran medidas para recuperar las cantidades perdidas, y señaló que los contratos para la venta de estos productos derivados especulativos son redactados unilateralmente por las entidades financieras.

Iñaki Lavandera, del PSOE, indicó que también hay que "poner el foco" en los bancos, que comercializaban estos productos de forma habitual entre las administraciones, sobre todo antes de 2008, y recordó que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife denegó la nulidad de un "swap" contratado por el Cabildo de Tenerife en 2011 y que generó pérdidas de "decenas de millones de euros".

La diputada de ASG Melodie Mendoza rechazó este tipo de apuestas especulativas por parte de las administraciones y criticó que en los dos casos mencionados por la Audiencia de Cuentas se contrataran sin los oportunos informes y saltándose los plenos municipales.