La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, aseguró ayer, en declaraciones a la Prensa en Presidencia del Gobierno, que, a tres días (dos desde hoy) de expirar el plazo, el Gobierno del Estado tiene aún pendiente de transferir a Canarias 408,1 millones de euros y reiteró que el Ejecutivo canario defenderá la entrega de ese dinero al Archipiélago tanto por la vía del diálogo como por la judicial.
Dávila explicó que, de los 603 millones de euros consignados en los presupuestos de 2018 para Canarias a través de varios convenios, quedan pendientes de transferir el 66% por ciento de los fondos, si bien la cifra que dio ayer difiere en unos 72 millones respecto a los 480 de los que habló su partido (CC), el PP, NC y ASG en la cumbre celebrada en Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, el pasado miércoles.
La consejera nacionalista lamenta que el Consejo de Ministros celebrado este viernes no adoptara ninguna decisión sobre las cantidades pendientes con las Islas incluidas en el presupuesto de 2018 negociado y pactado entre CC y NC con el entonces Gobierno de Rajoy.
Según matizó, queda por firmar el 55% de los convenios que tienen asignados fondos. Por ello, mostró su "profunda decepción" con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, según recalcó y en línea con las múltiples manifestaciones de las últimas semanas de miembros del Ejecutivo canario o de CC, se trata de transferencias de obligado cumplimiento por estar contempladas en una de las leyes más relevantes cada año de cualquier administración, la de sus cuentas.
A su juicio, y dado que siguen sosteniendo que buena parte de los fondos están en riesgo si se llega a 2019 sin resoluciones o firma de los convenios, sería sorprendente que antes de fin de año llegaran esos fondo.
Entre los recursos pendientes, se incluye los 40 millones del convenio de obras hidráulicas para 2018, ya que la firma del protocolo hasta 2017 se considera un mero trámite o una declaración de intenciones. También faltan 18 de los 30 millones de euros asignados a combatir la pobreza en función de la enmienda lograda por NC ante el PP, si bien en este caso se produce una novedad respecto a los últimos días, ya que, hasta ahora, no se había apuntado que se había abonado o que se restaban 12 millones a esos 30 reclamados.
Dávila subrayó ayer que estos recursos "tienen nombre y apellido", aludiendo a los dos millones de la playa de Valleseco, los fondos destinados al agua de riego de los agricultores (8) o a la reposición de viviendas en Las Chumberas y Las Rehoyas.
"No tiramos la toalla aunque estamos profundamente decepcionados", dijo antes de extender sus críticas y decepción a la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez. Dávila confirmó que el presidente regional, Fernando Clavijo, habló con la ministra Meritxell Batet pero sus explicaciones, según censuró, no fueron "muy consistentes" y, por eso, ha pedido una reunión con Pedro Sánchez, aunque la confianza de que puedan llegar los recursos "son muy escasas".
Sobre el acuerdo extrajudicial en materia de carreteras tras el fallo del Supremo, dijo que el Gobierno canario se niega a firmarlo porque el Estado ha restado 345 millones de los 945 del fallo (intereses incluidos) y el resto lo quiere para saldar deuda y no para vías.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se trasladó a primera hora de ayer a Madrid. Lo hizo, en realidad, para las campanadas de fin de año, que tendrán protagonismo en esta ocasión en la Puerta del Sol, pero, según anunció el viernes, intentaría aprovechar su presencia en la capital para reunirse, contactar o saber de primera mano qué está pasando con los convenios pendientes de firma, las transferencias ya no realizadas en 2018 (ya que Hacienda cerró el plazo el pasado viernes) o las resoluciones que puedan hacer que esos recursos queden garantizados para 2019. Sin embargo, y según señalaron ayer a EL DÍA fuentes de Presidencia, sus intentos resultaron totalmente infructuosos y ni siquiera recibió respuesta. Lo mismo que ha ocurrido hasta con la carta que le envió a Pedro Sánchez al constatar que habría una inversión de 200 millones de euros (finalmente de 111) en carreteras para Cataluña, mientras el Ministerio de Hacienda discutía 345 de los 945 millones del acuerdo extrajudicial tras la sentencia del Supremo por los incumplimientos del PP en vías de 2012 a 2017. Para Clavijo, con este panorama resulta muy poco fiable el trato a las Islas en las cuentas estatales de 2019.
Exigencia regional con el respaldo del PP, NC y ASG
Tal y como se constató en la cumbre que hubo en Presidencia del Gobierno regional en Las Palmas el pasado miércoles, CC, PP, NC y ASG reclaman al Estado unos 408 millones del presupuesto de 2018. Cierto es que, el pasado 10 de diciembre, el Ejecutivo central transfirió los 500.000 euros previstos para internacionalizar la economía canaria, pero esa es la menor de las cifras pendientes. En cuanto a carreteras, y más allá de los 345 millones en discusión del fallo del Supremo, se exigen 247,9 de lo incluido en las cuentas negociadas con el Gobierno de Rajoy, con lo que solo se contemplan 60 de los 307,9 programados al principios. Además, sigue pendiente de abono los 42 millones para infraestructuras educativas, aunque el Gobierno central y el PSOE lo niegan. También los 3 millones para la enseñanza de 0 a 3 años, 15 de equipamientos turísticos, 10 millones para inversiones en depuración de aguas y 1,5 para canchas deportivas. Queda pendiente de firma los 4 millones del convenio de Las Rehoyas, los 3 de Las Chumberas, 18 de los 30 del plan para la pobreza, los 40 de los planes hidrológicos, 4 de actuaciones en costas, 2 para la playa de Valleseco y los ya célebres 8 millones para el agua agrícola.
Petición de ejecución íntegra de la sentencia
La consejera de Hacienda dio por hecho ayer que el Gobierno de Canarias recurrirá al Tribunal Supremo para que se cumpla de forma íntegra la sentencia sobre el dinero que recortó el PP del convenio de Carreteras anterior, intereses incluidos. Esa cifra ha ido subiendo y ya alcanza los 945 millones en total, pero los técnicos de Hacienda tiene una interpretación diferente del acuerdo extrajudicial y consideran que el Estado no debe abonar 345 millones porque no los ejecutó la Comunidad en vías. Curiosamente, en esta reclamación el Gobierno de Canarias cuenta con el apoyo del PSOE isleño, que, sin embargo, le censura a Clavijo que vinculara esto con inversiones en Cataluña al presentarlas como desvíos del dinero para las Islas. Los socialistas, a diferencia de CC, sostienen que, aunque haya convenios que queden sin formar, sin transferencias o sin resoluciones, aún se podrá contar con ese dinero en 2019, tanto si hay nuevo presupuesto estatal como si se prorroga el de 2018. Para ello, señalan que hay plazo hasta el 31 de marzo y que se puede usar el remanente.