El consejero de Economía, Industria, Comercio del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, y el director de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica, Joan Groizard, han presentado hoy la nueva subasta para la instalación de potencia eólica en Canarias, que promoverá la instalación de al menos 180 megavatios de potencia renovable en las islas.

“Es la segunda subasta de energía renovable para Canarias en lo que va de legislatura, pero este salto continuará, empezamos a dar el segundo paso para seguir avanzado”, ha asegurado el consejero de Economía, Pedro Ortega, en una rueda de prensa.

La nueva subasta contará con un presupuesto de 80 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y permitirá que el archipiélago pase de un ocho por ciento de penetración de renovables a un 20 por ciento al cierre de 2018, ha destacado Ortega.

Además, se fijará un máximo de 15 millones de euros por proyecto, “para evitar que se fraccionen artificialmente”, y se establecerá un importe máximo de ayuda de casi medio millón de euros por megavatio instalado, ha afirmado Groizard.

“Este proyecto presenta un importante valor añadido en el contexto de las islas, pues permitirá reducir la dependencia energética con el exterior y reducir los costes de dicha dependencia energética”, ha continuado Groizard.

En este sentido, se establecerá un reparto territorial de potencia para evitar que las islas más pequeñas no tengan que competir entre sí o con las islas capitalinas, “y así garantizar un cierto equilibrio territorial en el archipiélago”, ha continuado el director de Energías Renovables.

La nueva orden ministerial fue publicada el pasado 25 de diciembre, y permitirá que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pueda lanzar nuevas convocatorias para ayudas a energías eólica y solar-fotovoltaica en los sistemas extrapeninsulares hasta diciembre de 2020.

No obstante, ha advertido Groizard, esta nueva orden de bases será distinta “a las que hemos visto hasta ahora”.

No se entregará una ayuda anual en función de la producción energética, por el contrario solo se fijará una ayuda inicial, “lo que limita el riesgo del promotor ante posibles cambios de normativa o regulación”, ha precisado el director de Energías Renovables del IDAE.

Además, la subvención se podrá pagar por anticipado, “incluso antes de que se ponga en marcha el parque”, ha apuntado Groizard, y se llevará a cabo por concurrencia competitiva.

Asimismo será necesario presentar un aval para poder presentarse a la convocatoria, “lo cual es fundamental porque queremos que se presenten proyectos reales y que nadie pueda bloquear fondos si no tiene una intención real de desarrollar el proyecto”, ha continuado el director.

Los promotores informáticos podrán presentar sus ofertas a partir del 2 de enero de 2019 y hasta dentro de tres meses, y tendrán hasta junio de 2022 para ejecutar dichos proyectos en su totalidad, “es decir, hablamos de proyectos ya convertidos a red y funcionando”, ha señalado Groizard.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido tres criterios para otorgar las ayudas, de esta forma los proyectos más económicos, los mejor ubicados y los que mejor aprovechen el recurso eólico obtendrán más puntos.

Los proyectos también deberán contar con una evaluación de impacto ambiental favorable, y se favorecerá a aquellos proyectos que ya tengan la autorización administrativa correspondiente.

La subasta eólica para Canarias está recogida dentro del ‘Plan Nacional Integrado de Energía y Clima’, que será presentado en las próximas semanas, ha asegurado Groizard.

“Tenemos un reto importantísimo con el cambio climático, y tenemos también un esfuerzo importante para la descarbonización total en 2050, y no se entiende la descarbonización de España, sin el papel de las islas, no solo como parte del territorio, sino como palanca para probar políticas, tecnologías e ideas que permitan avanzar al resto del estado y del continente”, ha explicado el director de renovables.

El primer objetivo del Plan Nacional será reducir en un 20 por ciento las emisiones para 2030 (en comparación con las que había en 1990), y alcanzar la descarbonización total de la economía para 2050.