El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado lunes el anuncio de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para abrir una consulta pública previa a la adaptación de la normativa básica estatal a la autonómica en materia de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. El documento resultante establecerá "las situaciones en que procede su concesión y determinará sus características sobre seguridad y el control de su utilización por medios tecnológicos". En palabras de la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García, una legislación "que permita unificar los criterios entre todos los agentes implicados, incluidos los ayuntamientos que sancionan, frenar el fraude e incluir a las personas jurídicas para que los medios de transporte colectivo de personas puedan acceder a a reserva".
Quienes deseen realizar aportaciones a la iniciativa legislativa tienen a su disposición una memoria justificativa que podrán consultar en la página web de la Consejería. Deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente de la publicación del anuncio.
Cuatro son los bloques propuestos desde la Dirección General para el Proyecto de Decreto: los problemas a solucionar; la necesidad y oportunidad de aprobar la nueva norma; los objetivos y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.
"Abrimos un periodo de consultas para recabar la opinión de asociaciones o personas individuales respecto a la idoneidad de desarrollar una normativa por decreto", apuntó la directora general, para añadir: "Hemos recibido peticiones en este sentido y queremos dejar desarrollado el texto en esta legislatura". Para García "hay cuestiones que debemos acompasar de la legislación estatal e ir incluso un poco más allá". Recordó que "nuestra competencia es expedir la tarjeta y retirarla si se cometen infracciones reiteradas. Los ayuntamientos las tienen en Tráfico y les corresponde sancionar".
Otro aspecto novedoso a destacar, concluyó, será "la utilización de estas tarjetas y su beneficio por personas jurídicas como las empresas que transportan de forma colectiva a las personas dependientes o discapacitadas".
Las nuevas tecnologías
La proliferación de fraudes en el uso de la tarjeta "por parte de familiares, sobre todo, nos ha llevado a promover este marco legal", explica García. Valora que "tenemos previstas en enero reuniones con la Fecam y los ayuntamientos para una puesta en común entre las policías locales y nuestros técnicos". Destacó que "este decreto pretende desarrollar en este ámbito las nuevas tecnologías con un lector que de inmediato permita conocer datos como el titular, la vigencia, etcétera".