El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha exigido este jueves al Gobierno del Estado que transfiera "ya" los 8 millones de euros correspondientes a las ayudas compensatorias para la captación de agua para riego agrícola que están consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y que si no llegan antes de final de año, "supondría la pérdida por parte de los agricultores de las islas de esos 8 millones que son clave para su desarrollo futuro".

Quintero ha recordado en la Cámara que esta partida tiene como objetivo "moderar los precios del agua para los agricultores de las islas, que pagan un agua más cara que la de los empresarios de la Península, el doble o el triple en algunos casos".

Estos fondos, ha dicho, constituyen "un éxito de los dos partidos nacionalistas en Madrid durante la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2017" y que derivó en un "trabajo importante de esta consejería con el propio sector y consultas realizadas al Ministerio para su correcta tramitación".

Además, ha destacado que se trata de un derecho "ya consolidado", puesto que se incluyó en el Régimen Económico y Fiscal, anclado al Estatuto de Autonomía.

"Ahora, después de la tramitación de la primera convocatoria estamos preparados para tramitar de forma inmediata la cantidad correspondiente a 2018, y así se lo hemos manifestamos a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica desde hace meses", ha indicado.

En concreto, Narvay Quintero ha reseñado diversos escritos remitidos al Gobierno del Estado (17 de octubre, 14 de noviembre y 7 de diciembre), así como conversaciones mantenidas con los responsables de Aguas y Agricultura (el 7 de noviembre, el 3 de diciembre, el 11 de ese mismo mes e, incluso, este mismo lunes 17).

Quintero ha informado también de que en el último encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, reiteró la necesidad de que coordinase con su ''colega'' de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la liberación de estos fondos, que están incluidos en los presupuestos generales del Estado vigentes, y respecto a los que, "sinceramente", en el Gobierno desconocen "el motivo del retraso".