El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su Consejo Asesor, del que forman parte la Confederación Canaria de Empresarios, la CEOE, CCOO y UGT, han alertado hoy de que "están en peligro" 2.900 millones de euros de convenios plurianuales de las islas con el Estado.

Fernando Clavijo ha dicho que lo más inmediato es que se podrían perder este año hasta 675 millones de euros por convenios que tienen partidas asignadas en los presupuestos del Estado de 2018 y que, como ese dinero forma parte de acuerdos plurianuales de inversiones, están en riesgo hasta casi 3.000 millones en los próximos años.

Para que eso no ocurra, el presidente canario ha dicho que esos convenios deben estar firmados y las partidas de 2018 transferidas antes del próximo 28 de diciembre, fecha tope que les ha comunicado el propio Ministerio de Hacienda.

Clavijo ha cifrado hasta en 9 décimas el recorte en las previsiones de crecimiento económico de Canarias para 2019 de no formalizarse los convenios pendientes Canarias-Estado, algo que a su juicio es "preocupante" cuando se vive un enfriamiento económico mundial, por lo que solo una mayor inversión pública garantizaría tanto el empleo como su calidad en las islas.

En el peor de los casos, Fernando Clavijo ha dicho que ese dinero lastraría un 12,2 por ciento el crecimiento económico de Canarias en los próximos ejercicios, lo que se traduciría en la pérdida de unos 8.000 puestos de trabajo al año.

"No nos consta de que estos convenios serán aprobados en el Consejo de Ministros del día 21", ha apuntado el presidente canario, quien ha añadido que, además, desconoce si esto "obedece a una estrategia electoral o política", pero que "con las cosas de comer del pueblo canario no se puede jugar a hacer política".

En su opinión, el ejemplo de compromiso que están dando tanto las organizaciones patronales como las sindicales "es evidente que este no es un tema político ni institucional ni personal, sino de respeto a Canarias y a todos sus ciudadanos que, durante muchos años de dura crisis, han sacrificado su estado de bienestar e indicadores sociales por ser leales y cumplir con el Gobierno de España".

Por ese motivo, Clavijo ha reclamado también al Ejecutivo de Pedro Sánchez que autorice a la Comunidad Autónoma de Canarias que pueda disponer de los 598 millones del superavit que tiene en tesorería, con el fin de se puedan dedicar mejorar las políticas sociales, la educación y la sanidad.

Pedro Martínez, en representación de UGT, ha calificado la problemática de "grave" y ha adelantado la predisposición de su sindicato para "presionar y exigir" la lealtad institucional que debe imperar entre los gobiernos de España y Canarias.

A su juicio peligra la llegada de "importes recursos" económicos para las islas, por lo que, desde su ámbito de actuación, UGT presionará para que se cumpla con los compromisos contraídos con el archipiélago, "claves para su desarrollo y la creación del empleo de calidad".

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, también ha mostrado su preocupación por el incumplimiento de los plazos y la posibilidad de que se pierdan casi 3.000 millones de euros en un futuro inmediato, ya que impediría la meta de recortar un desempleo que en la actualidad afecta a 200.000 personas en la región.

González ha recordado que Canarias tiene grandes carencias sociales y que sus presupuestos de 2019 contemplaban "por primera vez" un nivel de financiación "adecuado" para comenzar a subsanarlas, lo que ahora está en riesgo por el "incumplimiento" de los "compromisos adquiridos".

El presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, cree que estos incumplimientos repercuten en la "credibilidad" de las personas, instituciones y partidos, y que eso "no es algo inocuo, sino que afecta al mundo real", pues el crecimiento económico de las islas descenderá y se verá afectado el empleo, tanto en su calidad como en su generación.

Francisco ha apelado al PSOE canario a que "presione a su homólogos" para que el Gobierno de España firme ya sus compromisos.

Asimismo, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, ha calificado la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "deslealtad sin precedentes" con Canarias, "una Comunidad Autónoma cumplidora con todos los parámetros" en la reciente crisis económica.

Manrique de Lara cree que entre 6.000 y 10.000 empleos se podrían ver afectados cada año de no firmarse los acuerdos plurianuales antes del próximo 28 de diciembre, por lo que ha pedido que se realice una "negociación intensiva" desde todos los ámbitos para que sea recuperada la "lealtad con la agenda canaria".