Las instituciones canarias -ayuntamientos y ONG- lograron ejecutar más del 85% de los fondos de pobreza de 2017 pese a los requisitos y los plazos de ejecución impuestos por el Estado.

Esta partida -de 11 millones de euros- llegó a las Islas a finales de diciembre de 2017 y el Ejecutivo canario tuvo que iniciar una ardua labor negociadora para que Madrid aceptara cambiar los plazos -del finales de junio al 30 de septiembre- y las exigencias de ejecución, ya que los municipios se opusieron en bloque a aceptar el dinero en condiciones que no podían asumir.

La respuesta oficial autorizando esos cambios no llegó hasta el 8 de mayo, cuando la Abogacía del Estado remitió un informe jurídico que validaba la petición de la Comunidad Autónoma. "Gracias a que nos adelantamos y firmamos los protocolos con los ayuntamientos, confiando en que ese cambio se produciría, estos pudieron llegar a un grado tan alto de ejecución", señaló la consejera Políticas Sociales Gobierno de Canarias, Cristina Valido. Sin embargo, a pesar de la tardanza en recibir el dinero, Madrid no ha ingresado la partida consignada para 2018 que preveía una partida de 30 millones para paliar la pobreza en las islas.