El Gobierno de Canarias aprobó ayer el acuerdo negociado con el Ministerio de Fomento que prevé repartir en ocho años el pago de la deuda que el Tribunal Supremo ha reconocido a favor de las Islas por el recorte de inversiones en carreteras, cifrada en 945,5 millones de euros.

Según explicó el portavoz del Ejecutivo, Narvay Quintero, el Estado se compromete a abonar a la Comunidad Autónoma esos fondos, procedentes de los recortes unilaterales que sufrió el convenio de inversiones en carreteras de Canarias entre los años 2012 y 2017.

El acuerdo establece que en cada una de las anualidades comprendidas entre 2018 a 2025 el Ministerio de Fomento abonará al Archipiélago la cantidad de 118,1 millones de euros.

Aparte de estos fondos, el Estado pagará 100 millones de euros de la prórroga del actual convenio y firmará otro convenio nuevo, previsiblemente antes de final de año, indicó el portavoz del Ejecutivo.

El Gobierno canario interpuso varios recursos de casación frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento de los compromisos adquiridos en virtud de la adenda suscrita el 17 de noviembre de 2009 al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Ejecutivo autonómico en materia de carreteras.

Este convenio fue suscrito el día 31 de enero de 2006 y modificado mediante adendas celebradas los días 17 de noviembre de 2009 y 29 de diciembre de 2017, respectivamente, y la suscripción de la tercera adenda al mencionado convenio de colaboración.

Con el acuerdo aprobado ayer, el Gobierno canario autoriza la ejecución del acuerdo extrajudicial derivado del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo dictadas los días 22 de diciembre de 2017, 19 de febrero, 15 de marzo y 26 de junio de 2018.

Estos fallos estiman los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno de Canarias frente al incumpliendo del Ministerio de Fomento que declaran la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma las cantidades comprometidas en el Convenio de Carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia tuvo que ser efectiva.

Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo reconocen el derecho de Canarias a percibir las cantidades acordadas en el convenio de colaboración y, en consecuencia, el Estado debe abonar la cantidad de 864.700.000 euros, más los intereses legales fijados en la cantidad de 80.849.761 euros, lo que hace un total de 945.549.761 euros.

Esta cantidad que se hará efectiva en ocho anualidades (2018-2025) y, dado que el Gobierno de Canarias no ha podido ejecutar obra en el periodo de vigencia del convenio por la totalidad del importe adeudado, al no tener suficiente disponibilidad presupuestaria, procede prorrogar la vigencia del convenio a 31 de diciembre de 2021, a efectos de poder finalizar las obras contenidas en el convenio e imputar su gasto a este.

Ley del Tercer Sector

El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias, que será remitida al Parlamento autonómico para su tramitación. La norma tiene por objeto establecer el marco jurídico de esta actividad en el Archipiélago, regulando los requisitos y características que han de reunir las entidades que la prestan y las organizaciones representativas. Como objetivo general, la futura norma establece el impulso de la cohesión social y la creación de empleo.

Suministro eléctrico

El Gobierno autorizó el gasto anticipado de 39,2 millones de euros para cubrir, durante el periodo 2019-2020, el suministro de energía eléctrica y acceso a redes de los edificios administrativos utilizados por la Comunidad Autónoma, así como de aquellos otros destinados a la prestación de un servicio público por parte de la propia Comunidad, incluidos sus organismos autónomos.

1,4 millones para I+D

El Ejecutivo acordó conceder 1.495.670 euros al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para financiar el proyecto en equipamiento e infraestructura de I+D "Biosost-Área de desarrollo tecnológico-industrial de biotecnología azul en un marco de sostenibilidad y economía circular''.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, José Miguel Barragán, presentó ayer en el Consejo de Gobierno el informe sobre la situación de la violencia de género en el Archipiélago en 2017, año que terminó con cuatro mujeres asesinadas y un caso en investigación.

Este informe sirve, además, para analizar la violencia de género a través de los recursos especializados que desde la administración de la Comunidad Autónoma intervienen para garantizar el apoyo a las víctimas. En el documento se recogen datos que permiten conocer no solo los casos que llegan al sistema judicial, sino también información sobre todas las víctimas, hayan presentado o no denuncia, que la Red Canaria ha apoyado.

El texto será ahora remitido al Parlamento de Canarias, como parte de un proceso dirigido a contextualizar la violencia de género en Canarias aportando elementos y cifras que permiten obtener una panorámica más completa sobre este fenómeno, informó el Gobierno autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.