El portavoz de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) de USO en Gran Canaria, Juan Díaz, encabezó ayer una protesta en Las Palmas para exigir la agilización de los trámites, la finalización de la instrucción y la celebración de la vista oral en el caso del supuesto fraude millonario cometido por los responsables de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) contra la Agencia Tributaria.
Juan Díaz recuerda su sindicato presentó en el Juzgado número 8 de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria una demanda por un posible fraude a la Agencia Tributaria, ya que la citada sociedad "presuntamente no cotizó horas extraordinarias de los trabajadores y las camufló como dietas y desplazamientos".
Según Díaz, la cantidad defraudada puede rondar los 21.000.000 de euros.
Posteriormente, un informe del citado organismo público confirmó el planteamiento realizado por parte de USO Canarias.
La investigación se ha dirigido hacia Seguridad Integral Canaria (SIC), así como a su propietario, Miguel Ángel Ramírez, y un administrador, Héctor de Armas.
Ayer, un colectivo de personas solicitó ayer que se agilice el proceso, ya que en cinco años han llevado el caso hasta cuatro jueces y la última se abstuvo de llevar a cabo esa labor.
Y ahora se ha designado un nuevo juez.
Ayer, una de las consignas de los participantes en la movilización convocada por USO Canarias fue que "Una justicia lenta no es justicia". Mientras se instruía este asunto se produjo la famosa grabación de una conversación entre Miguel Ángel Ramírez y el juez Salvador Alba, donde este último realizó manifestaciones sobre "maniobras" con las que trataba de perjudicar la imagen pública de su compañera Victoria Rosell, que ocupaba un puesto destacado en el proyecto de Podemos. La divulgación de esa charla generó una importante polémica.