Canarias aprobó ayer su primera ley de memoria histórica. Lo hizo 11 años después de la ley estatal y no logró la unanimidad que han buscado los grupos desde hace dos años. Como temió y anunció durante las últimas reuniones de la ponencia, Podemos votó en contra ayer de una norma que, a su juicio, es totalmente insuficiente, que ni siquiera supera las carencias y defectos de la legislación estatal y que tampoco aprovecha algunas de las aportaciones hechas por diversas regiones, como Andalucía, para que la fecha tope para investigar y reparar, por ejemplo, los casos de menores robados no se limite a 1978, como se ratificó ayer, sino al año en que se aprobó el Estatuto de Autonomía, que en el caso de Canarias fue en 1982.

Frente a las tesis críticas y ambiciosas de Manuel Marrero (Podemos), quien, eso sí, admite que es mejor una ley que no el desierto que hasta ahora había en cuanto a legislación regional, el resto de grupos subrayaron la importancia del paso dado, se felicitaron por el consenso casi unánime alcanzado y por la justicia que se intentará hacer desde ahora a tanta gente olvidada, represaliada y asesinada desde el golpe de Estado militar de 1936 y las cuatro décadas de dictadura (si bien hay casos de bebés robados constatados hasta 2011).

Una de las intervenciones más emotivas fue la de la diputada socialista palmera María Victoria Hernández, quien, como ya hiciera en otros plenos y comisiones, recordó a su padre y subrayó que la misma Cámara en la que ayer se aprobaba esta ley fue escenario de juicios sumarísimos por un golpe de Estado que solo trajo luego injusticias, guerra y oprobio.

Por el PP, Miguel Jorge subrayó la relevancia de alcanzar acuerdos en esta materia sin resquemores y siguiendo el espíritu de reconciliación y futuro de la Transición. Melodie Mendoza (ASG) pidió que ningún grupo tratase de apropiarse de una ley como esta y subrayó la importancia de medidas como el banco de ADN para facilitar la búsqueda de familiares represaliados y aún sin encontrar en fosas comunes o cunetas. Por parte de CC, Guadalupe González Taño lamentó que, pese a los esfuerzos, no se lograse el consenso total y remarcó los grandes avances que, a su juicio, representa la norma en respuesta a los tiempos y a las asociaciones de la memoria, algunas presentes ayer.

Este argumento, entre otros, es uno de los esgrimidos por Podemos para su rechazo. Según Marrero, la mayoría de esas entidades comparten su visión de que la ley se ha quedado claramente corta y teme que se dificulte el objetivo de reparación y justicia.

Aunque apoyó la norma y se sumó al rechazo de las enmiendas de Podemos, la diputada de NC Esther González sí criticó al gobierno local por contemplar un aumento presupuestario para esto en 2019 solo de 19.500 euros. Además, confió en que se cumpla con la retirada de símbolos franquistas y lo dijo con un énfasis con el que sí coincidió con la mayoría de grupos, como el PSOE.