El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha afirmado este lunes que su departamento dispone de proyectos con declaración de impacto ambiental valorados en unos 800 millones listos para licitar en cuanto se firme el nuevo de convenio de carreteras.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, ha comentado que no querían que la firma --prevista para la semana del 17 de diciembre-- les cogiera "de brazos cruzados", admitiendo que no había proyectos porque desde 2012 se "priorizó" lo que estaba en ejecución porque los nuevos proyectos iban a generar "falsas expectativas" ante las incertidumbres del convenio.

Entre ellos, ha destacado la segunda fase de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, el cierre del anillo insular en Tenerife; el enlace de Chafiras-Oroteanda en la TF-1; la carretera caldereta-aeropuerto, en Fuerteventura; un conjunto de mejoras en La Mareta (Gran Canaria) o la vía que une Los Llanos de Aridane con Tijaraje.

Ha dicho que esta es la "primera fase" del nuevo convenio, que se extenderá durante ocho años y por importe de más de 2.000 millones, incluidos los acuerdos extrajudiciales por el incumplimiento del convenio anterior.

"Lo ideal es que se hubiera firmado antes, pero el convenio no es para este año, trasciende la Legislatura", ha añadido, al tiempo que ha valorado el "tono" y la "predisposición" del Ministerio de Fomento para cerrar el acuerdo. "No tengo por qué dudar de la fecha que han puesto", ha indicado.

Sobre los retrasos de obras con cargo al anterior convenio, ha comentado que se debe a la "insuficiencia financiera" dado que se "reprogramaron" muchas actuaciones porque hubo un recorte de hasta el 70% entre 2012 y 2016.

Rodríguez ha insistido en que en el campo de las obras públicas "todo tiene plazos reglados" y se deben cumplir unas fechas son las tramitaciones, pero no ha ocultado que en la Consejería son "autocríticos".

Así, ha dicho que en el Consejo de Gobierno de este lunes se va a aprobar el gasto plurianual del cierre del anillo insular de Tenerife, valorado en 332 millones, y el anuncio de licitación de la redacción del proyecto del carril BUS-VAO de la TF-5, por 2,8 millones.

Finalmente, y a diferencia de lo pactado en 2017 con el Cabildo de Tenerife, ha explicado que el Ejecutivo se encargará de la obra de cierre del anillo y la corporación insular no adelantará fondos con cargo al FDCAN.

"Eso fue real y público y a mí me daba igual quien salga en la foto siempre que tengamos la supervisión", ha apuntado, pero ha explicado que finalmente ha resaltado que la Consejería tiene una "experiencia y capacidad técnica muy importante" para encargarse del proyecto.

La diputada del Grupo Socialista, Patricia Hernández, ha criticado los "vaivenes y mentiras" del Gobierno de Canarias con las fechas y el modo de financiación de las obras, subrayando los "incumplimientos" de todas las grandes obras pendientes, especialmente en Tenerife.

Hernández ha lamentado el "clásico" del discurso nacionalista de justificar los retrasos porque la "culpa es de otro", cuando la responsabilidad "es compartida" entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

EL PSOE ACUSA AL GOBIERNO DE "TOMAR EL PELO" A LOS CANARIOS

Ha preguntado si el proyecto del cierre del anillo insular llevará solo un carril en algunos tramos y los coches "tendrán que esperar si encuentran un camión" --Rodríguez ha apuntado que habrá carriles lentos de subida--, y puesto sobre la mesa las "contradicciones" en su Consejería sobre las fechas de inicio del carril BUS-VAO.

"Le han dicho a los ciudadanos de Tenerife que en 2021 iban a estar terminados todas las grandes obras y sabían que no iban a poder cumplir, están mareando la perdiz", ha indicado, subrayando que el consejero le ha "tomado el pelo" a todas las islas porque han estado "mintiendo".

Hernández sí ha valorado que finalmente el Gobierno se haga cargo del proyecto del cierre del anillo insular dado que es una obra de interés regional. "Ha ganado la partida a Carlos Alonso y Fernando Clavijo y por eso las embestidas de los últimos días", ha señalado.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha criticado la escasa ejecución presupuestaria de su Consejería y las "promesas" que después no se han cumplido, buscando una "cabeza de turco" para justificar la "incapacidad de gestión".

Ha puesto como ejemplo, principalmente, las obras de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, y el carril BUS-VAO en la TF-5. "El Gobierno miente más que habla", ha agregado.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que la firma del nuevo convenio es una "buena noticia" aunque llega "muy tarde", pues poco se va a poder ejecutar en 2018, si bien servirá para "despejar" obras pendientes en el futuro.

Ha reconocido que es "complicado" acertar en los plazos de las obras pero ve "injustificado" el retraso que hay en Canarias.

Manuel Marrero, de Podemos, ha dicho que la posición del Gobierno es "injustificable" cuando su partido lleva casi 30 años al frente del Ejecutivo al tiempo que ha criticado el "tacticismo" a la hora de abordar la negociación del convenio de carreteras. PARA CC, CANARIAS LLEVA 14 AÑOS PERDIDOS

Además, ha lamentado la ausencia de un plan de movilidad en el archipiélago ya que la "única solución" que han planteado es el bono residente canario, y la mala ejecución presupuestaria de Obras Públicas, por lo que duda de que haya licitaciones y obras "a mansalva". "Espero un control exhaustivo de los proyectos", ha comentado.

Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha comentado que el "responsable" de los retrasos en las obras es el consejero, utilizando el símil de los entrenadores de fútbol, y su posible relevo es responsabilidad del presidente del Gobierno.

Ha criticado el "retraso" de la firma del convenio de carreteras, y por ello, ha preguntado cuántos proyectos están "en la casilla de salida" para poder ser licitados.

Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista, ha rechazado el "maltrato histórico" del Estado a Canarias, con "14 años perdidos" en infraestructuras frente a la Península, hasta la época en que llegó José María Aznar al Gobierno y gracias al grupo parlamentario en el Congreso.

Ha advertido de que en las licitaciones prima "el precio sobre la calidad", lo que genera muchas subcontrataciones que afectan a las empresas locales, y ha tildado de "grave" el "retraso inexplicable" del Estado para firmar los convenios, tanto por parte del PP como del PSOE.