No es una Constitución ni una "revolución", pero sí "una actualización necesaria" que puede mejorar el funcionamiento de la Comunidad Autónoma. El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar expuso ayer su visión del nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Canarias y, en concreto, de algunos aspectos que han de concretarse para que pueda surtir todos sus efectos.

En una jornada informativa sobre la modificación del texto estatutario y de la parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas, celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife, Villar apuntó a dos elementos que dejan "dudas" que es preciso aclarar: cómo se articulará la lista regional de nueve diputados para las elecciones autonómicas y qué plazo tendrá el Consejo Consultivo para emitir su dictamen preceptivo de los decretos leyes que elabore el Gobierno antes de su convalidación por el Parlamento.

La reforma del sistema electoral y la posibilidad de que el Ejecutivo asuma competencias legislativas mediante decretos son dos de las novedades más significativas del nuevo Estatuto, vigente desde hace apenas quince días. La segunda de ellas, indicó Villar, "sitúa a Canarias al nivel de las comunidades autónomas más avanzadas".

La creación de una circunscripción de ámbito regional no solo suscita dudas en cuanto a la forma de llevarla a la práctica durante la jornada electoral -una lista, una papeleta y una urna propias, dos listas en la misma papeleta...-, sino también alrededor de la propia asignación de escaños. La tarea consistiría, en este caso, en dilucidar si se trata de una nueva circunscripción o de un colegio de restos, en el que los nueve escaños se atribuirían en función de los votos que quedaran fuera del reparto de los 61 incluidos en las demarcaciones insulares.

Aunque el catedrático ve claro que la "intención" del legislador era constituir una circunscripción "separada", lo cierto es, a su juicio, que, tal y como está recogida en el texto estatutario, la cuestión resulta "interpretable". "Hay que resolverlo para que funcione razonablemente", advirtió Villar.

El problema para la aprobación de decretos leyes reside en que el Parlamento regional debe convalidarlos en el plazo de 30 días naturales y deben ser informados preceptivamente por el Consultivo. Ello obligará a regular el plazo en que deberá pronunciarse este último órgano que, en cualquier caso tendrá que ser inferior al de 30 días que establece la ley e, incluso, al de 15 días en casos en los que se haga constar la urgencia.

Al margen de estos dos aspectos, Francisco Villar destacó, como novedades del Estatuto reformado, la inclusión de las aguas en el territorio de la Comunidad Autónoma que, aunque "no incide sobre la soberanía nacional ni afecta al derecho internacional", supone un elemento "absolutamente avanzado" y, según el jurista, abrirá la puerta a que otros territorios, caso de Baleares, se sumen.

Entre las nuevas competencias figura la de ordenación y gestión del litoral, que faculta a Canarias para otorgar autorizaciones y permisos en dominio público marítimo terrestre, cuando hasta ahora solo podía hacerlo en las zonas de servidumbre.