En principio, y así lo ven la mayoría de partidos en Canarias, los residentes en las Islas estrenarán en mayo próximo un nuevo sistema electoral, que deja atrás la célebre triple paridad para enojo de CC y ASG. Sin embargo, las muchas dudas sobre cómo regular la lista regional de 9 diputados hizo que los propios partidos promotores de la reforma incluida ya en el nuevo Estatuto de Autonomía (PSOE, PP, Podemos y NC, que cuentan con el respaldo exterior de Cs, IUC y otros) pidieran un pronunciamiento del Consejo Consultivo de Canarias, solicitud encauzada por la Presidencia de la Cámara.
La principal incógnita consiste en si se añadirá una nueva urna para esa plancha autonómica con su correspondiente papeleta específica o si, como se barajó durante gran parte de los dos años de análisis y propuestas en la comisión informativa para analizar la reforma, se usa una misma urna y papeleta en la que aparecerán dos listados de candidatos: los que aspiran a representar a la isla en la que se está votando y los que tratan de obtener 1 de esos 9 escaños regionales, entre los que todo indica que se presentarán los líderes y aspirantes a presidente.
El dictamen del Consejo se conocerá en una o dos semanas. Según se resalta desde varios partidos, hay argumentos jurídicos y de especialistas que justificarían cada una de las dos alternativas casi por igual. Por eso, algunas formaciones, como el PSOE, dicen que lo importante no es cómo se materializa el cambio, sino la reforma en sí en busca de un sistema menos desequilibrado e injusto entre la población de cada isla y su representación, toda vez que, hasta esta modificación, el 14% de los residentes elegían el 50% de los escaños.
El secretario general del PSC y candidato a la Presidencia, Ángel Víctor Torres, asegura que a su partido le es indiferente si se usa una nueva urna o dos listados en una única papeleta: aceptarán el dictamen y tratarán de explicar bien por qué han impulsado el cambio.
Por el PP, su portavoz parlamentaria, Australia Navarro, alude a esas posturas de expertos que defienden la idoneidad de las dos opciones y, hasta que no se pronuncie el Consultivo, no explicitarán su preferencia. Eso sí, en la comisión y en diversas intervenciones, dejaron claro que les parecía mejor no añadir más urnas porque lo creían más dificultoso para los votantes y más caro.
En medio del proceso interno para elegir a su candidato a Presidencia, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, opta también por no pronunciarse ahora, aunque fuentes del partido indican que preferirían dos urnas y dos papeletas que diferencien a los candidatos por cada isla y los de la lista regional, sin que eso suponga dar más relieve a unos representantes u otros, tal y como siempre han criticado CC y ASG.
Román Rodríguez (NC) respetará el dictamen pero cree mejor que haya dos urnas y dos papeletas porque, según subraya, así se permite que una misma formación decida presentar o no lista regional o ir solo por ciertas islas con más énfasis.
Para este reportaje, CC optó por no pronunciarse, mientras que Casimiro Curbelo (ASG) dice que "la batalla ya está perdida porque la mayoría de fuerzas han optado por romper el equilibrio y han creado otro escenario que resta voz a las islas no capitalinas y, por ende, a Canarias. Una vez que se pronuncie el Consultivo, habrá que acatar lo que decida", afirma resignado.
El cambio electoral, su regulación y si se ha de permitir mediante una nueva ley a aprobar en el Parlamento autonómico depende ahora del dictamen del Consultivo, pero no se limita solo a esa lista regional de 9. Habrá, sí o sí, un nuevo diputado por Fuerteventura (lo que eleva de 60 a 70 el total) por el aumento poblacional que ha experimentado esta Isla desde 1982, que le ha permitido tener más residentes que La Palma, pero un escaño menos. Además, el tope regional para obtener escaño en la suma total de votos en todas las Islas baja del 6 al 4% y el insular, del 30 al 15%, en lo que sí ha habido unanimidad. No obstante, el consenso también se rompe respecto a si estas novedades se estrenarán o no en 2019. El Estatuto incluye un plazo de 3 años para llevar esto a una ley. En CC, algunas voces (la más reciente, la del consejero de Agricultura, Narvay Quintero) siguen dudando de que el nuevo sistema se use ya en mayo, pero esa no es la opinión de la mayoría de grupos. Según subrayan a EL DÍA, Torres, Navarro, Rodríguez y también en Podemos están seguros de que se estrenará en 2019 y ASG también se muestra resignada sobre esto.