La primera jornada de huelga convocada por Intersindical Canaria (IC) en la Administración autonómica se desarrolló ayer sin datos oficiales -se conocerán el lunes-, pero con sensaciones diametralmente opuestas en el Gobierno regional, para el que el seguimiento ha sido "escaso", y en el sindicato, para el que ha tenido "bastante repercusión", aunque entiende que "lo importante es que se ha puesto en marcha la maquinaria de la movilización".
Los empleados públicos comenzaron a realizar paros de dos horas en la Administración general y la sanidad. Las próximas convocatorias están fijadas para el 23 de noviembre y el 7 de diciembre.
Estas movilizaciones surgen después de que el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaran un acuerdo donde se comprometían a devolver diversos derechos laborales a los trabajadores públicos, como la recuperación de las 35 horas semanales o la recuperación de las 18 horas lectivas para los docentes de Secundaria.
IC mira con recelo el acuerdo, ya que todo lo que estima recuperable está sujeto a la condición de que el Ejecutivo central permita a la Comunidad Autónoma invertir su superávit. Rafael Rodríguez, portavoz de la organización, aseguró que la Dirección General de Función Pública "no negocia" y ha contribuido a profundizar en la "precariedad" del personal y de los servicios públicos. "Una tercera parte de la plantilla está en precario, bajo el yugo del despido y la incertidumbre", dijo.
"No está garantizado que a 1 de enero se proceda a la devolución de los derechos hurtados a lo largo de estos años", destacó la representante del sindicato en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), Caty Darias.
Al grito de "Ea, ea, ea, Sanidad me cabrea" o "Hacía falta ya una huelga en sanidad", los empleados de este sector se manifestaron a las afueras de los cuatro centros hospitalarios de tercer nivel de Canarias y en los hospitales de Lanzarote y Fuerteventura. En este sentido, Darias criticó que la Administración no se haya puesto en contacto con su organización, a pesar de la convocatoria de huelga. Asimismo, denunció que, durante los últimos días, han llegado a ver "actitudes coercitivas" en distintos centros, llegando a negar en algunos casos "la consulta médica".
En el área sanitaria, las reivindicaciones van desde la recuperación de las 35 horas semanales con los efectivos necesarios para la cobertura, la implementación del 100% de las retribuciones en caso de incapacidad temporal y la desaparición de la Ley de Presupuestos "de las limitaciones en cuanto a negociación colectiva".
Por su parte, el director general de Función Pública del Gobierno regional, Francisco Rodríguez, apuntó que, a falta de datos definitivos, la participación en la huelga de ayer fue "escasísima", Según Rodríguez, la Administración ha negociado "siempre" con IC. "De hecho -añadió-, buena parte de las medidas de mejora del empleo público incluidas en los presupuestos eran reivindicadas por Intersindical", señaló.
Respecto a la necesidad de esperar a la autorización del Estado para gastar el superávit en la recuperación de jornadas, Rodríguez indicó que el Ejecutivo canario "ya ha cumplido con su trabajo" al generar ese excedente, al tiempo que recordó que "como mínimo habrá 200 millones más" en el capítulo de personal de los presupuestos autonómicos.
Más dinero para Sanidad, pero no el suficiente
La portavoz de Intersindical Canaria en el HUC, Caty Darias, remarcó ayer, acerca de la partida presupuestaria para Sanidad en 2019, que aunque es "ciertamente superior al del año anterior, algunas gerencias van a partir ya con un sobrecoste". "Por esta razón, siempre insistimos en que los cálculos se realicen desde el presupuesto real ejecutado", concluyó Darias. En este sentido continuó remarcando que "no estamos todavía a niveles de 2009", y hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años "no solo se ha incrementado la población", sino que también el personal que lo asiste es menor. "Y no aparecen por ningún lado partidas destinadas a recapitalizar el servicio de salud", concluyó.