El portavoz de Unidos se Puede, Rubens Ascanio, denunciante del caso grúas, ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que se dé la misma prisa en pasar la causa al juzgado número dos de La Laguna que la que ha empleado en rechazar la recusación del presidente del tribunal, Antonio Doreste, y que no aproveche para forzar "un archivo exprés".

Unidos se Puede recusó a Doreste por entender que tiene vínculos con Coalición Canaria, el partido del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuya posible imputación en el caso grúas deben resolver los tribunales.

La recusación ha sido rechazada por presentarse fuera de plazo, pero Unidos se Puede contesta en un comunicado que ellos la presentaron nada más conocerse el 31 de octubre que Doreste era el presidente del órgano que reclamó a la fiscalía que presentara su informe en cinco días.

"Hasta ese momento Doreste no ha aparecido como firmante de los escritos vinculados al caso Grúas" y solo cuando aparece su firma se produce la recusación, explica Unidos se Puede.

Ascanio considera llamativo que los mismos magistrados, en su escrito de rechazo de la recusación, "reconocen" los vínculos entre Doreste y Coalición Canaria, que son de público conocimiento.

El portavoz espera que no haya "el más mínimo intento de forzar un archivo exprés de la causa mientras Clavijo disfruta de un plazo incrementado de aforamiento, intentando que el presunto vínculo político con Doreste sople a su favor".

Por eso, según Ascanio, "el único camino que queda es que el TSJC se dé la misma prisa que se ha tomado en rechazar el recurso" para pasar el caso al juzgado número dos.

Con respecto a las declaraciones de Fernando Clavijo sobre que el retraso en este caso afecta a sus derechos, el edil señala que "los derechos que se han visto en peligro en este caso son los de los vecinos y vecinas de La Laguna".

Los vecinos "han tenido que pagar un alto coste, superior al de la gestión directa, para construir una empresa con la que colocar a afines a dedo, a la que se le prestaron 120.000 euros de dinero público cuando los informes indicaban que tenían más de 300.000 euros en deudas y tenía incumplimientos muy graves o gravísimos del pliego de condiciones, solo con el fin de poder renovar la concesión en 2014".

Para Ascanio, las declaraciones de los diversos responsables de Coalición Canaria muestran "el nerviosismo de quienes saben que el régimen en el que han sustentado su poder, basado en las redes clientelares y el control del poder, está muy próximo a caer".