La mayoría de los grupos parlamentarios reclamaron ayer a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que remita ya al Parlamento el plan de salud mental que prepara para que sea en la Cámara legislativa donde se pueda debatir, ante las críticas de falta de participación, ausencia de financiación e intento de privatización denunciadas por parte de los profesionales de la psiquiatría.

El vicepresidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, Francisco Rodríguez Pulido, compareció ayer en la Comisión de Sanidad del Parlamento y sostuvo que en realidad lo que prepara la Consejería no es un plan, sino una estrategia, puesto que se limita a hacer una listado de actuaciones necesarias sin compromisos de financiación ni de ejecución, como si fuera "un instrumento de marketing".

"Canarias necesita un plan de salud mental que represente los intereses de la ciudadanía, de los pacientes, de las familias y de los profesionales, no necesita un adorno", dijo Rodríguez Pulido, quien demandó "un compromiso firme y serio" asumido por el Parlamento para garantizar el cumplimiento de las medidas y que no esté sometido al "capricho" del ejecutivo de turno o a "la inestabilidad institucional" que aqueja al Gobierno de Canarias, dijo.

El representante de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental denunció "las maniobras" de la Consejería en el proceso de discusión de su plan, con intentos de enfrentar a los profesionales "como maniobra estratégica de confusión" y sin convocar desde hace dos años a la comisión asesora de salud mental.

También afirmó que el plan de salud mental de la Consejería favorece la concertación con la medicina privada, previsión que ha sido incluida de forma "autoritaria y no democrática", a espaldas de los profesionales que participaron en las comisiones preparatorias. En el plan, continuó Rodríguez, no hay un método para dar prioridad a los problemas que se deben abordar y resolver en la atención psiquiátrica ni indicadores para medir resultados.

Los representantes del PSOE, PP, Podemos y NC coincidieron en reclamar a la Consejería de Sanidad la remisión al Parlamento del plan que proyecta para que sea "reconsiderado" por los grupos parlamentarios, mientras que la representante de CC dijo que el documento, aunque es criticable, supone un gran avance y cuenta con una previsión de aumentar el presupuesto en salud mental de un 26% a lo largo de seis años.

Guadalupe González Taño, de CC, afirmó que su partido no tiene inconveniente en que el plan sea debatido en el Parlamento como demandó el resto (excepto ASG, que no intervino) y aseguró que la Consejería "está abierta a cualquier propuesta concreta" para mejorar un plan en el que han participado más de cien profesionales y que debe estar en vigor al final de la legislatura de modo que "obligue" a futuros gobiernos.

Marcos Hernández, del PSOE, mostró su preocupación por la falta de participación con la que a su juicio se ha hecho el plan y por su contenido "mercantilista".